La sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha pedido a la juez Mercedes Alaya, que indaga una trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, que investigue la "finalidad real y los beneficiarios" de un importe de 1.011.565,14 euros correspondiente al ERE promovido en 2003 por la lonja. La directiva de Mercasevilla cree que esta cuantía podría corresponder a "comisiones" cuyo coste supondría "el 20 por ciento" del importe de la prima de la póliza de seguro de rentas relativa a dicho ERE, extremo que "supera con creces" lo pactado con la consultora Vitalia Vida, contratada para los cálculos del procedimiento.

La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública.

La trama de los ere

La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en las diligencias.

Pues bien, a través de un escrito fechado este mismo viernes y recogido por Europa Press, el sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense y presidente de la sociedad mixta Mercasevilla, Gregorio Serrano (PP), expone a la juez Alaya que "como ya pusimos de manifiesto respecto al ERE de 2007, se ha tenido constancia de que en el ERE de 2003 se incluían unas cifras por 'gastos externos' y dedicadas al pago de conceptos de dudosa licitud". Detalla Serrano en su escrito que la compañía aseguradora Generali, con la que fueron contratadas las pólizas de seguro de rentas acordadas para este expediente de regulación de empleo, ha dado cuenta a Mercasevilla de "un importe" que la aseguradora "denomina comisión" y que "parece coincidir con los denominados 'gastos externos'".

Las cuantías pactadas con vitalia

"Es evidente que ello refuerza el criterio de que deben ser investigadas la finalidad real y los beneficiarios de dicha cantidad", señala el presidente de Mercasevilla en cuanto a este importe de 1.011.565,14 euros, pues "no nos consta documento alguno que fije el devengo de esas cantidades ni sus perceptores". El presidente de la sociedad gestora del mercado central, además, no oculta sus sospechas en cuanto a que tal cuantía correspondiese a comisiones que "suponen un 20 por ciento de la prima" relativa a la póliza de seguro de rentas de este expediente de regulación de empleo, extremo que "supera con creces las cantidades pactadas con Vitalia", la consultora contratada para los cálculos relativos a las prejubilaciones consumadas mediante este procedimiento.

Mercasevilla, de cualquier modo, ha solicitado a la aseguradora "la pertinente información sobre los perceptores de dicha comisión", según concluye el escrito de Gregorio Serrano.

El ere de 2003

Sobre el expediente de regulación de empleo acordado en 2003 en Mercasevilla, cabe recordar que tres de sus prejubilados, en concreto P.V.M., J.G.M. y J.D.M., vieron hace meses cómo la Consejería de Empleo suspendía sus nóminas al figurar sus prejubilaciones entre las 111 "discordancias administrativas" detectadas en la investigación interna realizada por la Junta en paralelo a las indagaciones de la juez Mercedes Alaya.

El ERE promovido en 2003 en Mercasevilla, cabe recordarlo, fue plenamente autorizado e incentivado por la Consejería de Empleo, aunque en el marco de las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya, ha quedado de relieve que en este procedimiento se intentó prejubilar a María del Carmen Fontela González, una vecina de Sevilla que jamás había trabajado en la lonja hispalense. No obstante, esta falsa prejubilación no llegó a ser plenamente consumada en este ERE, en parte de cuya documentación sí figura el nombre de Fontela González como aspirante a la prejubilación.