La consejera de Fomento y Vivienda andaluza, Elena Cortés, ha lamentado este viernes que el rechazo del Gobierno central a la ley andaluza antidesahucios y su recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de ésta —admitido a trámite, lo que ha llevado a la suspensión cautelar— "desprotege el derecho humano a la vivienda", reconocido constitucionalmente, y da "campo libre a los especuladores" de las viviendas deshabitadas.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, la consejera andaluza ha subrayado que hay 700.000 viviendas deshabitadas en Andalucía, en su "inmensa mayoría" de entidades financieras, y que con la ley sus "especuladores" podían ser objeto de sanción en caso de que no les diesen la función social de la vivienda que recoge la Constitución.

Tras recordar que hay 39 familias que ya tienen su caso publicado en el BOJA —dos de ellas ya han culminado su expropiación y no están afectadas por el recurso, según la consejera— y otras 200 tienen sus expedientes listos para ser enviados al boletín oficial, Cortés ha alertado de que la ley venía teniendo un carácter "disuasorio" para los desahucios porque las entidades financieras "se lo pensaban mejor porque sabían que podían ser objeto de la expropiación temporal del uso de la vivienda".

Por otro lado, Cortés ha subrayado que la ley "respeta escrupulosamente la Constitución y el Estatuto" y ha mantenido que cree que el Gobierno recurre la norma andaluza porque "es una ley que funciona".

Además, sobre la suspensión cautelar, ha recordado que el Tribunal Constitucional está obligado a dictarla por la prerrogativa que tienen los presidentes del Gobierno en función del artículo 161.2 de la Constitución. "Otra cosa es plantear cómo es posible que el presidente del Gobierno decrete la suspensión cautelar del derecho a la vivienda", ha planteado.

Por último, la responsable andaluza ha recordado que la Junta pedirá al alto tribunal que "de manera inmediata" levante esa suspensión cautelar ya que hay una ley similar en Cataluña que no ha sido recurrida y, "que se sepa, no está desprotegiendo ningún derecho sino sancionando a bancos para que pongan viviendas en alquiler".

Asimismo, reclamará al Constitucional que no agote los cinco meses que tiene para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión porque "provoca desprotección del derecho humano a la vivienda".

La consejera ha concluido señalando que "no es posible que el Gobierno permanezca impasible ante los desahucios" y ha censurado que "sea constitucional regar con dinero público a la banca" no lo sea "proteger el derecho a una vivienda digna y adecuada".

"El Gobierno no deja vivir a la gente dignamente y desde Andalucía, desde la llegada de IU al Gobierno, nos conjuramos para luchar contra los desahucios y defender el derecho constitucional a la vivienda".