El presidente en Asturias del sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Lucas Álvarez, se ha referido este sábado a la medida aprobada por el Consejo de Ministros para limitar los salarios a los directivos de las empresas públicas, y ha recordado que durante los últimos tres años ha exigido a los diferentes poderes públicos que reduzcan el déficit eliminando los gastos superfluos y el "derroche" en el que han caído muchas administraciones, entre otros aspectos, por las retribuciones que reciben los directivos.

Según señala en una nota de prensa, una parte del déficit público reside en la multiplicación de las empresas públicas en el conjunto del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, "que se han constituido en muchos casos en administraciones paralelas, que escapan del control presupuestario y de la Intervención de Cuentas, que tienen Consejos de Administración muy bien pagados, con directivos nombrados a dedo, muy bien retribuidos y con sistemas de elección muy personales".

En este sentido, Álvarez ha manifestado su apoyo a todas aquellas medidas que favorezcan la austeridad y el recorte en el gasto público injustificado, pero siempre sin mermar los servicios públicos que reciben los ciudadanos y sin penalizar a los trabajadores de las Administraciones Públicas.

CSIF entiende que la sociedad tiene que conocer que el "tremendo déficit público que asola a España" es consecuencia de "políticas innecesarias y desafortunadas" en el gasto y no por los servicios públicos. "La salida de la crisis ha de ser trabajo de todos. Los empleados públicos y los ciudadanos ya han asumido una parte importante del coste, pero no deben ser los únicos que hagan sacrificios", señalan.

Por ello, CSIF insta a la apertura del diálogo social en las Administraciones Públicas, "como elemento de trabajo necesario para superar la actual crisis y modernizar la administración y mejorar su eficacia y eficiencia, productiva y competitiva". En la misma línea, CSI-F exige al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que negocie que los agentes sociales, sobre las diferentes medidas que tiene previsto impulsar en este ámbito.