El alcalde de Turre (Almería), Arturo Grima (PP), se ha encerrado este miércoles en la Delegación Provincial de Empleo de Almería para exigir a la Junta de Andalucía el pago de 316.000 euros a razón de una subvención destinada al abono de salarios de un taller de empleo que se desarrolla en la localidad, de forma que, si bien ha reconocido que existe una deuda de 43.000 euros en justificaciones con Empleo que proviene de la gestión del anterior equipo de gobierno, ha remarcado que el Ayuntamiento no dispone actualmente de tal cantidad sin que suponga un perjuicio para las nóminas de 60 trabajadores, por lo que aboga por establecer un plan de pagos.

En declaraciones a los periodistas en la propia Delegación, Grima ha detallado que la Junta de Andalucía le ha remitido recientemente 40.000 euros procedentes de retrasos del Plan Memta, de forma que, según él, desde la Administración andaluza se le ha detallado que aporte 3.000 euros más para saldar la deuda contraída con la Junta, con lo que se desbloquearía la ayuda de 316.000 euros relativa a la escuela taller.

No obstante, el primer edil ha resaltado que su principal obligación es "pagar las nóminas y los salarios de los trabajadores" con el dinero recibido "para que las 60 familias afectadas —24 del taller del empleo y 36 empleados municipales— puedan comer". En este sentido, ha manifestado que el Consistorio ha adelantado 160.000 euros en fondos propios, unas cinco mensualidades, para cumplir con los salarios.

Bajo el objetivo de cobrar la ayuda al taller de empleo para poder hacer frente a los pagos, pese a reconocer que existe una deuda que según la Ley de Hacienda Pública impide el cobro de ayudas ante la falta de justificación de otras prestaciones similares, Grima ha anunciado su intención de pasar la noche en el edificio.

Así, ha manifestado que el anterior equipo de gobierno (PSOE) ha dejado el Ayuntamiento "en la ruina", de forma que ha acusado a la anterior corporación de gastar una subvención 280.000 euros destinada a la construcción de un pabellón deportivo en otros servicios que no ha especificado, por lo que ha mantenido ya una reunión con el delegado provincial de Hacienda, Juan Cáceres, para devolver la ayuda en un periodo de cinco a seis años.

Con esto, Grima ha explicado que su objetivo es realizar un pago fraccionado de la deuda que mantiene con la Delegación de Empleo en un plazo de entre cuatro y cinco años. "Queremos ejercer nuestro derecho que es pedir un aplazamiento y fraccionamiento para pagar en cuatro o cinco años, como tiene derecho cualquier ayuntamiento o administración, y no es quien la delegada para obligarnos a devolver nada que no tenemos", ha manifestado.

Por otra parte, ha anunciado que se va a realizar una auditoría en el Ayuntamiento después de detectar un pago de 108.000 euros a proveedores y personal municipal efectuado el día antes de la toma de posesión, lo que, según él, ha dejado las cuentas "al descubierto", con lo que los ingresos percibidos hasta ahora han servido para cubrir este descubierto.