La comisión de Economía, Innovación y Ciencia del Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Popular, con dos enmiendas del Grupo Socialista, en apoyo a los trabajadores de la empresa Locsa, propiedad de la multinacional KME, ubicada en Córdoba, ante la posibilidad de cierre de la planta.

Según ha indicado el PP en una nota, ante la intención de los propietarios de cerrar esta planta única en España dedicada a la fabricación de laminados y derivados de cobre y zinc, y la "enorme movilización" de sus 120 empleados, el PP ha querido que el Parlamento andaluz "muestre su apoyo y solidaridad con ellos y sus familias, reconocer el capital humano que representan estos trabajadores cualificados, capacitados y experimentados en la industria del cobre, y que tienen la firme voluntad de mantener en pie y en funcionamiento esta factoría en Córdoba".

Asimismo, entre los acuerdos aprobados con esta proposición no de ley y sus enmiendas se incluye apoyar la decisión de los grupos políticos representados en el Pleno Municipal de Córdoba de "evitar una posible especulación de terrenos de Locsa por parte de la propiedad KME, concretamente en la decisión de no recalificar dichos terrenos y mantenerlos para uso industrial, como se recoge en una moción conjunta de todos los grupos municipales aprobada en pleno".

El PP considera que "el acuerdo más relevante sea que el Gobierno Andaluz se compromete a implicarse activamente junto al Gobierno de España en cualquier decisión o acuerdo que realicen los trabajadores con la empresa y que signifique el mantenimiento industrial de la factoría".

Los populares han llevado este tema al Parlamento andaluz cumpliendo el compromiso adquirido con los 120 trabajadores de Locsa en Córdoba desde que se inició el conflictivo laboral, y por ello para el PP "es importante el consenso en esta iniciativa, por el bien de estos trabajadores", por lo que se han admitido las enmiendas del PSOE.

"Este caso no es solo el problema laboral de los trabajadores de Locsa, sino que es un ejemplo más del desmantelamiento industrial que vive la provincia de Córdoba, que se está convirtiendo en un desierto industrial, con las consecuencias negativas para el empleo, para la proyección de la provincia", ha aseverado el PP, que ha recordado que "además de las 120 familias que están viendo peligrar el empleo y sus ingresos, también se perderán muchos empleos indirectos que se mantendrían con la continuidad de esta industria".