La propuesta en materia de derribos que el Gobierno ha presentado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contempla como "horizonte final" de ejecución el año 2018, y prevé la demolición de aproximadamente la "tercera parte" de las 621 viviendas afectadas por sentencias de derribo en Cantabria, mientras que para el resto propone soluciones alternativas que van desde una propuesta de legalización inicial hasta la aprobación y desarrollo de un plan general.

Así lo ha explicado este miércoles el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quien en declaraciones a los medios de comunicación, ha anunciado que su departamento propondrá al Gobierno la inclusión de una partida de cinco millones de euros en los presupuestos regionales de 2012 para "afrontar responsabilidades".

El consejero ha realizado estas declaraciones en la sede de Las Salesas, tras la reunión que ha mantenido con la Sala de lo Contencioso Administrativo para analizar el plan de ejecución de sentencias derribos elaborado por el Gobierno.

Fernández ha salido de la reunión "muy satisfecho", porque según ha explicado, la Sala considera que la propuesta es "suficientemente clara y precisa" como para darle "carácter jurisdiccional", de forma que el Gobierno utilizará ese documento para personarse en cada procedimiento como colaborador de la Justicia, tal y como reza el artículo 103 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, planteando propuestas concretas y específicas para cada caso de forma individualizada.

De esta forma, la propuesta del Gobierno adquiere la categoría de documento procesal que será desarrollado en cada uno de los procedimientos. El Ejecutivo aportará en cada supuesto el propio documento como "propuesta y manifestación de su compromiso" y lo completará especificándolo en cada uno de los supuestos.

"Es la mejor noticia que podíamos tener", afirmó el consejero, quien considera que el pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC permite "cerrar un capítulo y pasar al paso siguiente", que no es otro que empezar a concretar ya las soluciones en cada uno de los procedimientos.

Casos complejos

En este sentido, el consejero ha dado por finalizada la fase en la que la solución a los derribos era "más o menos global", para pasar ahora a hablar de soluciones específicas procedimiento a procedimiento. Javier Fernández ha explicado que todos los casos tienen complejidad por unas u otras razones, si bien en algunos les bastará con una propuesta de legalización inicial, otros desembocarán "directamente" en el derribo, y otros van a necesitar la aprobación y desarrollo de un plan general.

En algunos supuestos, el consejero ve "al final del camino" una "posible legalización", pero en todo caso, recuerda que serán los órganos judiciales los que lo decidan. Para las viviendas que "a día de hoy no se pueden legalizar", el plan del Gobierno contempla un calendario de demoliciones "año por año". En cuanto a las indemnizaciones, Javier Fernández señaló que su cuantía "se irá precisando procedimiento a procedimiento".

Preguntado por la posición de ARCA, el consejero respondió que la asociación ecologista ha demostrado "una paciencia importante", porque son sentencias dictadas hace varios años y "tiene todo el derecho a que se ejecuten", por lo que ve "con absoluta naturalidad" que ARCA defienda sus supuestos.