El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Javier Fernández, ha reiterado este jueves que el Plan de Derribos elaborado por el Gobierno de Cantabria "es un plan para ir ejecutando todas y cada una de las sentencias".

Así lo ha indicado este jueves, a preguntas de los periodistas, después de registrar el documento en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Fernández ha explicado que para la elaboración de esta propuesta el Gobierno ha hablado en primer lugar, "como no podía ser de otra manera", con los ayuntamientos afectados, ya que son "las administraciones ejecutantes", junto con la Administración regional.

Además, como la situación afecta a 621 viviendas, un número "elevadísimo", también han mantenido dos reuniones con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a la mayor parte de los perjudicados.

En esta línea, el consejero ha señalado que también han mantenido reuniones con los representantes legales de los afectados en aquellos supuestos donde, según el calendario y la propuesta, se van a iniciar las ejecuciones y "ya se tienen más o menos delimitadas las que son".

Además, ha indicado que mantendrán con ellos otra reunión antes del 14 de septiembre, fecha en la que el Gobierno expondrá a la Sala de lo Contencioso el documento que este jueves ha registrado.

Necesidad de ejecutar las sentencias

El consejero de Medio Ambiente ha señalado que las líneas generales de este Plan de Derribos son "coherentes" con lo que el Gobierno "viene sosteniendo" desde que empezó la legislatura.

Así, el documento "parte de la necesidad de ejecutar las sentencias" y es un plan "para ir ejecutando todas y cada una" de ellas.

Según ha explicado Fernández, existen dos tipos de supuestos. En el primero "no cabe otra solución que la demolición", por lo que el Ejecutivo cántabro ha planteado un calendario de demoliciones "teniendo en cuenta que el coste económico es de tal dimensión que debe ser escalonado en el tiempo".

Y, además, con el objetivo de "facilitar" la entrega de una indemnización "suficiente y previa a la demolición" a los afectados.

Por otro lado, existen supuestos que "deben ser estudiados individualmente" y que "pueden dar lugar a la legalización", ya que ha habido un "cambio de circunstancias fácticas" y "muchas veces" hay un marco legal "que puede ser cambiante y nuevo".

Por tanto, el calendario que propone el Gobierno "permite precisamente ir estudiando estos otros supuestos", pero el consejero ha aclarado que "siempre serán los órganos de la jurisdicción contenciosa los que decidan qué ocurre".

"Nosotros hacemos propuestas, pero siempre serán los órganos judiciales los que tomen las decisiones", ha indicado Fernández. Y, una vez que se lleve a cabo esto, se ejecutarán "las medidas que adopte la Sala".

De las 621 viviendas, el consejero no ha querido precisar cuántas están en situación de derribo, aunque ha asegurado que se comentará "con todo tipo de detalles" en cuanto den "conocimiento previo a la Sala y los Juzgados de lo Contencioso".