La Asociación de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía 'Al-Andalus' ha criticado que la Administración andaluza utilice argumentos "catastrofistas" y provoque "alarma social" para intentar "impedir" la paralización del desarrollo de la Ley1/2011 de Reordenación del Sector Público.

En una nota, la asociación ha considerado "inadmisibles" estas prácticas para presionar "a los magistrados de las distintas salas de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, Málaga y Granada que están tramitando las decenas de recursos planteados en contra de esta Ley y sus normas de desarrollo". Según ha indicado, con la demanda para paralizar estas actuaciones se pretende "proteger los derechos de toda la ciudadanía para disponer de una Administración imparcial e independiente y para que todos puedan acceder al empleo público en condiciones de igualdad".

Asimismo, ha recordado que "la lucha" no se dirige contra ningún trabajador sino contra la "ilegal" reordenación del sector público que pretende llevar a cabo el actual Gobierno andaluz, "empeñado en sortear la legalidad vigente e imponer sus criterios clientelares y partidistas".

"Son ellos los que a lo largo de décadas han ido creando una administración paralela, económicamente insostenible, incorporando a ella a más de 26.000 personas que han accedido por procedimientos poco transparentes. Ellos han creado el problema, y ellos tienen la obligación de resolverlo, sin argucias lacrimógenas", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que la Junta de Andalucía debería esgrimir sus argumentos "legales" y "no tratar de provocar la compasión intentando convencer a los jueces de irreparables perjuicios a los trabajadores afectados o de grave interrupción de los servicios públicos".

Así, ha hecho hincapié en que "el alarmismo que pretende transmitir la Junta es infundado" y ha advertido de que "la verdadera alarma para los ciudadanos andaluces es la vulneración del Estado de Derecho que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía con la Ley de Reordenación del Sector Público, y el verdadero peligro es que los servicios básicos no estén gestionados por empleados públicos independientes e imparciales, sino por personas nombradas a dedo por los políticos para llevar a cabo dicha gestión bajo su propio dictado e instrucciones".