El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado un informe que pide a los Veintisiete que persigan el fraude en las apuestas deportivas e investiguen los vínculos entre éstas y el desarrollo de partidos amañados.
Los eurodiputados consideran que es necesaria una definición común europea contra el fraude deportivo y la inclusión de un tipo específico en el Código Penal de todos los países.
En el informe, del eurodiputado alemán liberal Jurgen Creutzmann, la Eurocámara "expresa su preocupación por los vínculos existentes entre organizaciones delictivas y el desarrollo de partidos amañados".
Y es que según Creutzmann los beneficios resultantes "ayudan a financiar otras actividades delictivas".
El texto apunta que el riesgo de fraude en las competiciones deportivas "siempre ha existido", si bien, en los últimos tiempo "ha aumentado a causa de la emergencia del sector de las apuestas deportivas en la red".
La propuesta refrendada hoy por el pleno apoya los trabajos previos que está realizando la Comisión Europea para legislar a escala europea las apuestas y juegos de azar en internet.
Protección para los consumidores afectados
En este sentido, los eurodiputados piden al Ejecutivo comunitario que haga hincapié en la protección a los consumidores que se hayan visto afectados por prácticas ilícitas y se les brinde asistencia jurídica especializada.
Así, instan a la CE a impulsar la formación de una red de organizaciones nacionales que se ocupen de los adictos al juego para hacer posible un intercambio de experiencias y prácticas acreditadas, una especie de Alcohólicos Anónimos para jugadores.
En especial se pide proteger a los jugadores vulnerables y jóvenes y alertarles convenientemente sobre los efectos negativos de las apuestas en línea.
Por ejemplo mediante la obligación para los operadores de mostrar en las páginas de juego avisos relativos a la edad, a los comportamientos de alto riesgo, a las apuestas compulsivas y sobre puntos de contacto nacionales para solicitar ayuda.
El informe destaca que el juego compulsivo es un trastorno del comportamiento que puede afectar hasta a un 2 % de la población en algunos países de la UE.
El texto aprobado en pleno ya fue respaldado por las comisiones del Parlamento Europeo de Mercado Interior y Protección al Consumidor, Asuntos Económicos y Asuntos Jurídicos.
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