Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, Luis Ortiz, ha absuelto del delito de homicidio por imprudencia profesional grave a la directora de una residencia geriátrica por la muerte

muerte en 2015 de una de las residentes,

una mujer de 97 años. De la misma manera, ha absuelto al otro acusado, el médico que atendió a la mujer en la residencia, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según el fallo judicial, sobre el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias, no se puede achacar a los dos acusados, de forma indubitada, que la muerte de la mujer fue causa por la actuación u omisión de acción de estos.

En este sentido, el magistrado hace hincapié en la elevada edad de la mujer, 97 años, y en las patologías previas que padecían, como son episodios de insuficiencia cardiaca, fractura precedente en la cadera o arterioesclerosis severa con obstrucción del 50 por ciento. "No cabe descartar que importantes problemas preexistentes puedan estar en el origen de la isquemia", destaca la sentencia.

Asimismo, el magistrado llega a poner en duda la imparcialidad de una testigo, trabajadora de la residencia y a la que unen lazos de amistad con una de las hijas de la fallecida. Según la sentencia, la declaración de esta mujer durante el juicio "deja traslucir una situación de, cuanto menos, falta de sintonía personal entre la acusada y la reseñada testigo". Incluso llama la atención sobre el hecho de que ante la "pretendida" presencia de dolores de la intensidad de los descritos por esta, no hubiera informado de inmediato aviso a su amiga.

Cabe recordar que la mujer fallecida fue trasladada por fuertes dolores al hospital de Jove y de ahí a Cabueñes, donde pese a ser operada de urgencia para amputarle la pierna, murió más tarde por un fallo multiorgánico.

La directora de la residencia, durante el juicio, había negado que ella fallecida se hubiera quejado durante días de dolores en una pierna, a lo que añadió que tan solo refirió algún dolor por una caída que había tenido. Asimismo, aseguró que cuidaba de todas las usuarias como si fueran sus madres. Según ella, no fue hasta que el día 2 de junio cuando una de las auxiliares de la residencia le vio los pies fríos y blancos a la mujer y se decidió llamar a la familia.

La Fiscalía solicitaba para ella un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la geriatría durante tres años. En cuanto al médico, le pedía un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión médica durante tres años.