La crónica judicial

Los dos líderes visibles de ambas tendencias son Sarkozy y Villepin. Lo cierto es que en Francia –y en España– se ha reforzado notablemente en estos años el arsenal de leyes penales y policiales para luchar contra la inseguridad ciudadana.

Las reformas legales han afectado al aumento de las penas, a la duración máxima de la prisión preventiva (de dos a tres años), a la implantación de juicios rápidos, a la posibilidad de encerrar a menores (a partir de los 13 años), a registrar vehículos sin control judicial, a obtener datos genéticos de acusados, a la creación de un fichero de infractores sexuales, a la creación de nuevos delitos (prostitución, mendicidad, ocupación de inmuebles) y un largo etcétera.

Esta política legislativa, desarrollada por gobiernos de derechas y aplaudida –cuando no reclamada– por el partido socialista, ha ido acompañada por el apoyo ideológico de todos los medios de opinión, hasta formar lo que algún autor francés ha bautizado como «populismo penal».

Un componente importante de esta tendencia consiste en el cambio radical que se hace de la apelación a los derechos humanos: éstos eran antes el último baluarte contra los abusos del poder; ahora se invocan para las víctimas de los delitos y para reforzar la política penal. ¿Son compatibles ambas protecciones? Tan compatibles como Villepin y Sarkozy en el mismo Gobierno. La respuesta, en los próximos días.