El sindicato CCOO en Huelva ha anunciado convocatoria de huelga en la Fundación SAMU, entidad que tiene adjudicado el servicio de atención al alumnado con necesidades especiales en centros públicos, desde el 2 hasta el 11 de marzo.

Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, el motivo de esta convocatoria es "la no aplicación de la categoría profesional correspondiente" a las monitoras educativas y que provoca que perciban "casi 400 euros de menos mensuales".

En este sentido, Ana Hernández, responsable de enseñanza privada de CCOO Huelva, ha manifestado que "llevamos casi dos años solicitando a las diferentes entidades que han tenido adjudicado el servicio, antes Celemin y ahora SAMU, que cumplan con lo estipulado en el pliego de condiciones establecido por la Junta de Andalucía, pero la empresa hace caso omiso".

De esta forma, ha continuado Hernández, "se ahorra entre 300 y 400 euros por trabajadora, además de no abonar tampoco ni vacaciones, ni antigüedad".

Tras recordar que el empleo generado por esta entidad es "prioritariamente femenino y en el que el salario medio de una trabajadora no llega a los 600 euros mensuales (incluyendo pagas extras)", la sindicalista ha remarcado que "este lunes denunciábamos qué la trabajadora de Huelva es la peor pagada de España", pues las trabajadoras que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales en los centros educativos públicos de la provincia, son "parte de ese colectivo que no llega a cobrar ni el Salario Mínimo Interprofesional".

Desde el sindicato han criticado que "el número de trabajadoras de empresas privadas en centros educativos asciende ya a 87, superando al personal de la Junta de Andalucía que asciende a 84 trabajadoras en la provincia, y ambas trabajadoras prestan el mismo servicio, pudiendo darse el caso de que dos trabajadoras del mismo centro, una contratada por la Junta y la otra por una entidad privada, realizando la misma función tengan una diferencia de salario de 500 euros".

En este sentido, CCOO ha pedido la "reversión a lo público de todas las actividades y empleo privatizadas y ha solicitado a la Junta que "apueste por la creación de empleo estable y de calidad".

Para Hernández, "a pesar de que la PSOE se jacta de ser un gobierno de izquierdas y de progreso, en la práctica poco se asemejan a esos principios" debido a que "la Delegación de Educación está acometiendo una carrera incansable de privatizaciones del personal que trabaja en centros educativos, hasta el punto de que en Andalucía existen 17.516 trabajadoras y trabajadores que dependen de empresas privadas adjudicatarias, por 12.700 empleadas/os públicos".

"La mayor parte de ese empleo es precario, temporal y a jornada parcial", ha proseguido, antes de añadir que "la Junta aún sabiendo el incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de las adjudicatarias y el perjuicio que esto supone para los trabajadores prefiere mirar para otro lado y hacer como si el problema no fuese con ellos".

Por su parte, la presidenta del comité de empresa, María José López, ha indicado que "todos los procesos de negociación iniciados con la empresa no han prosperado". "Lo único que pedimos es que se nos aplique la categoría profesional que corresponde a las funciones que realizamos, pero la empresa no acepta esta reivindicación en base al incremento de costes".

López ha solicitado a la Junta de Andalucía para que "se moje y deje de echar balones fuera". La Fundación SAMU, según ha continuado, presta un servicio público a más de 72 centros que albergan a unos 250 alumnos con necesidades especiales, por lo que ha hecho hincapié en la importancia de que para que "intermedie y requiera que cumpla lo recogido en el pliego de condiciones".

Finalmente, el sindicato ha realizado un llamamiento tanto a la entidad como a la Junta de Andalucía para que busquen una solución a este problema, "que lleva más de dos años, sí verdaderamente existe voluntad, el conflicto puede resolverse".

Respuesta de la fundación samu

Por su parte, en un comunicado interno que la entidad ha remitido a sus empleados, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fundación SAMU ha remarcado que es "rotundamente falso" que SAMU no se esté acogiendo al convenio colectivo en vigor, así como han tildado de "incomprensiblemente falsa" la afirmación de los sindicatos sobre que la entidad "no abona vacaciones".

En el comunicado explican que "existe un desacuerdo grave sobre cuál es la tabla salarial aplicable, dentro del convenio colectivo de aplicación" ya que "los sindicatos pretenden que sea la más alta de todas las que vienen recogidas".

Así, el martes 16 de febrero y jueves 18 de febrero, el director general, Carlos González de Escalada, mantuvo sendas reuniones tanto con los responsables de la Administración como con los responsable de formación de CCOO Andalucía, explicando que "la tabla que se quiere imponer implica una subida salarial de más de un 11 por ciento sobre las que se disfrutan actualmente, pero que en el nuevo contrato de servicios no se ha producido una dotación presupuestaria adicional por parte de la Junta de Andalucía que prevea dicha mejora".

Por ello, con un gasto de personal que "supera el 94 por ciento del total de la dotación del concurso, subir un 11 por ciento nos avocaría a una grave pérdida. No es una pretensión realista", han dicho en el mencionado comunicado, donde recuerdan que el jueves 18 hicieron una oferta a CCOO para la que "no han tenido respuesta".

En ella, proponen el reconocimiento de una categoría superior, mejora de las condiciones salariales, mejora de la formación continuada, colaboración en la acreditación de competencias y mejora en las condiciones materiales de los contratos.

"Ignoramos en qué términos los representantes sindicales han trasladado o no nuestra propuesta", han continuado, al tiempo que han incidido en que "cuando se explica que el personal de este servicio es mayoritariamente femenino" esperan que "no se esté acusando de discriminación de género" puesto que la Fundación SAMU es "de las pocas entidades andaluzas que cuenta con un moderno Plan de Igualdad presentado y aprobado por la Junta de Andalucía".

"A fecha de hoy, y pese a nuestros esfuerzos a todos los niveles por volver a contactar con los sindicatos y buscar vías de solución, éstos no estiman oportuno volver a sentarse con nosotros", han agregado, incidiendo en que "respetan con convicción la labor sindical y las aspiraciones legítimas de los compañeros, pero en un entorno de graves restricciones presupuestarias la entidad no puede acceder a las reivindicaciones 'de máximos' que se quieren imponer".

Así las cosas, desde Fundación SAMU, con su director general a la cabeza, han apelado a "la responsabilidad" porque creen que es "posible solucionar este problema que, está afectando negativamente a niños con grandes necesidades de atención". "Nuestras puertas están abiertas para tratar de ponernos de acuerdo", han concluido.