La víctima había sido intervenido el 20 de marzo y tres días después pasó a planta, tras estar en la UVI, y todo parecía ir correctamente y la evolución era favorable, si bien se pasó por alto que había contraído una neumonía de origen hospitalario que le produjo una infección y fiebre pese a presentar varios episodios febriles los días 23, 24, 25 y 26, es decir desde el primer día en el que fue trasladado a una habitación de planta.

El estado del paciente continuó empeorando, con problemas respiratorios, hasta el propio día del fallecimiento, el 30 de marzo,

cuando se le diagnosticó la neumonía y se le trasladó de urgencia a la UVI y se informó ya entonces a los familiares de la gravedad de la situación.

Su empeoramiento persistió hasta el fallecimiento, sobre las 21.15 horas de ese día, a causa de una insuficiencia respiratoria aguda y una sepsis grave, producidas ambas, como consecuencia a una neumonía nosocomial.

A raíz de ello, la familia, con el asesoramiento del letrado José Miguel Salamanca, de despacho Fides Abogados, inició un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria por entender que había existido un déficit asistencial que había impedido el tratamiento adecuado de la neumonía por infección hospitalaria ya existente, con el resultado del agravamiento de la misma hasta su ingreso en la UVI, donde evolucionó desfavorablemente hasta que se produjo el fallecimiento de paciente, horas después de su ingreso.

NO DETECTADA HASTA EL DÍA DE SU MUERTE

De hecho, la neumonía nosocomial que causó el fallecimiento de Luciano no fue diagnosticada hasta el mismo día del óbito, cuando ya se encontraba en la Unidad de Vigilancia Intensiva.

En este sentido, la existencia de fiebre durante los días 23, 24, 25 y 26 de marzo constituye un signo evidente de la más que probable existencia de una infección en el paciente, sin que se tomaran las medidas oportunas, lo cual evidentemente supuso una pérdida de oportunidad para el afectado, lo que derivó en una infección respiratoria aguda y sepsis grave, fruto de la citada infección.

La reclamación se inició en diciembre del 2015 y tras la tramitación administrativa (incluido dictamen del Consejo Consultivo) finalizó por Resolución de la Consejería de Sanidad de la Junta de castilla y León, que ha estimado la responsabilidad patrimonial de Sacyl planteada por la viuda y los siete hijos de Luciano, que han recibido una indemnización de 94.894,50 euros.