La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha consignado en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2019 un total de 45 millones de euros para la justicia gratuita, revisando al alza los baremos del turno de oficio para "dignificarlo". Además, se incluyen 21 millones para la construcción, ampliación, reforma y mejoras de las sedes judiciales de la Comunitat.

Así lo ha indicado la titular del ramo, Gabriela Bravo, que ha abierto este viernes la ronda de comparecencias de consellers en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts para explicar las cuentas propuestas para el ejercicio que viene, que en el caso de Justicia ascienden a 364,5 millones, 52 millones más que en 2018, lo que supone un aumento del 15%.

"Estoy satisfecha", ha comenzado asegurando Bravo respecto a estas cuentas, "a diferencia de otros años" en los que ese grado de satisfacción respecto a los fondos "ha sido relativo". En el balance de la legislatura, ha indicado que el presupuesto de su área ha crecido en 105,5 millones, un 40%.

El monto más importante del presupuesto corresponde a las direcciones generales de Justicia y Reformas Democráticas, con 338 millones de euros (40 millones más que este año), lo que para Bravo demuestra que "la justicia es una prioridad en la agenda política" del Botànic, "una justicia a la que hay que atender y no a la que hay que temer".

Respecto a la justicia gratuita, la partida sube casi un 17%, hasta 45 millones de euros, una cifra que duplica la cuantía que se destinaba a este servicio en 2015, ha destacado la consellera, que ha indicado que la asistencia jurídica gratuita es "un servicio público esencial, un termómetro de la calidad democrática de un país".

Asimismo, una consignación de 2,6 millones permitirá aumentar la red de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, con 11 nuevas sedes para llegar a todos los partidos judiciales valencianos.

INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

La consellera Bravo ha señalado que este año se han creado 14 órganos judiciales pero son "insuficientes" y por ello han solicitado al Ministerio de Justicia 16 nuevos juzgados. Para dotarlos de personal, en caso de que fueran aprobados, se ha reservado una partida de 2 millones de euros.

Además, otros 5 millones permitirán reforzar el personal de los juzgados, especialmente en los más "saturados" como los de cláusulas suelo o los que instruyen causas penales de especial complejidad por delitos económicos o corrupción política.

Respecto a las inversiones del Plan Integral de Infraestructuras Judiciales, contempla no solo la restauración y ampliación de numerosas sedes judiciales, sino también la construcción de nuevos edificios allí donde se requieran y las partidas previstas para este fin alcanzan los 30 millones, lo que supone un aumento del 36%.

Para el año que viene las cuentas contemplan una inversión de 21 millones de euros para construir, ampliar, reformar o mejorar las sedes judiciales de la Comunitat, ha indicado Bravo, que ha detallado las actuaciones que ya se han concluido y las que se ejecutarán antes de que acabe este año, indicando que a finales de noviembre se adjudicará el proyecto y dirección de obra de la Ciudad de la Justicia de Alicante.

También ha destacado que, antes de que acabe este 2018, se iniciarán las obras de adecuación del edificio de la calle Historiador Chabás de València, donde se ubicará, provisionalmente, la sede del Tribunal Superior de Justicia, y en 2019 se pondrá en marcha la licitación y adjudicación de los proyectos y dirección de obra de las sedes judiciales de Torrent, Gandia, Xàtiva y Ontinyent. Otros 1,7 millones de destinarán a comprar naves industriales destinadas a archivo judicial.

"El presupuesto de inversiones de la Conselleria de Justicia es tan ambicioso como realista. Jamás se ha planificado una inversión de esta envergadura. Los tiempos de los anuncios triunfalistas de inversiones faraónicas que iban a ser las mayores de Europa ya han pasado. Felizmente", ha indicado.

Asimismo, respecto a la innovación tecnológica ha avanzado que destinarán 20 millones de euros en los próximos tres años tanto para implantar el programa Avantius de gestión procesal como para renovar todo el sistema de grabación de vistas en los juzgados valencianos.

"La justicia es más que la administración de justicia, es un valor indisociable de la democracia", ha dicho, para remarcar la necesidad de unos presupuestos para este campo "que sean justos" como estos que presenta.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Según ha desgranado la consellera, el presupuesto de 2019 en Memoria Democrática es de 2,5 millones de euros, un 48% más. Destaca la puesta en marcha del Instituto Valenciano de Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas cuyos estatutos están en la última fase de tramitación y que será una realidad en 2019 con un presupuesto de 1,13 millones. También se creará el banco de ADN para la identificación de las víctimas y al que se dotará con 350.000 euros.

Asimismo se prevén 450.000 euros para la realización de estudios y trabajos técnicos en relación con las víctimas desaparecidas, así como para la localización, verificación y delimitación de las fosas en colaboración con distintas entidades. También está prevista la subvención a universidades, entidades locales, entidades privadas y asociaciones sin ánimo de lucro en esta materia por un importe de 540.000 euros.

CRÍTICAS DE PP Y CS

En la comisión tanto PP como Ciudadanos han sido críticos con las cuentas. María José Ferrer (PP) ha lamentado que el peso total de la Conselleria de Justicia sobre el presupuesto sea del 1,6%, al tiempo que ha cuestionado el grado de ejecución de los últimos años. A su juicio, estas cuentas "vienen a justificar que la justicia es la maría del Botànic" y ha calificado a Bravo como la consellera "de ejecución plurianual", lamentando la "lentitud" en sus actuaciones.

Antonio Subiela (Cs) ha subrayado, por su parte que esta es una área "muy seria" como para depender de los "milagros" que se contabilizan como ingresos y que no se sabe si se van a recibir. "La herencia recibida era pésima pero se ha perdido una legislatura" y "la que dejarán en 2019 no mejorará mucho la que recibieron", ha dicho, además de criticar la "lentitud, frustración y desesperación" de muchos ciudadanos al acudir a la justicia.

"NO SE TRATA DE COMPETIR CON OTROS COMPAÑEROS"

Bravo ha salido al paso de las críticas defendiendo las programaciones plurianuales de los gastos por la imposibilidad de acometer las actuaciones en un solo año en muchos de los casos y sobre el "escaso" peso de su departamento en cuanto a dotación respecto a otras consellerias, ha indicado: "No se trata de competir con otros compañeros".

"No he venido a competir con nadie, he venido a hacer política atender las necesidades de los valencianos, mi misión no es competir, es conseguir un presupuesto digno", ha indicado.

Asimismo, sobre la ejecución de obras, ha invitado a los presentes a ponerse al frente de la contratación "y lo hagan más rápido", destacando la necesidad de cumplir con la legislación actual, y ha asegurado: "Sí que ejecutamos, hay resultados del avance que son evidentes".

De hecho, ha puesto como ejemplo que este año ha sido la primera apertura judicial a la que ha asistido en casi 30 años como fiscal en la que desde la Presidencia del TSJCV o la Fiscalía no se lanzó "una queja a la administración autonómica reclamando más medios". "La cara de la justicia en esta comunidad ha empezado a cambiar, vamos a seguir, la justicia es una prioridad", ha zanjado.