El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado este martes la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra cuatro artículos y una disposición de la Ley 32/2014 de Metrología, aprobada el pasado 22 de diciembre, por considerar que esta norma estatal "invade atribuciones de la comunidad autónoma" y abre la puerta a la "privatización" de los servicios de control de pesas y medidas.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, los artículos que serán recurridos

"vulneran tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía" en una materia que afecta directamente a los consumidores y usuarios y "restringen la competencia básica de autoorganización" de las comunidades, ya que no se limitan a desarrollar una normativa sobre pesas y medidas, sino que "imponen a todos los territorios cómo aplicarla".

Entre los artículos que la Junta considera inconstitucionales destaca el 19.3, que establece una "eficacia extraterritorial" de las normativas autonómicas sobre metrología. Ello supone, según ha explicado Vázquez, que con la aplicación de la nueva ley estatal "cualquier empresa instalada en Andalucía podría operar con la autorización y el control realizado en otra comunidad donde el servicio puede estar en manos privadas y prestarse con menos garantías".

La Junta considera que todo ello supone una "privatización encubierta", ya que Andalucía es actualmente, junto con Navarra y Asturias, una de las tres comunidades que ofrece el servicio de control metrológico directamente a través de la Administración. Frente a la prestación "más desregularizada y mercantilizada" que se da en el resto del país, la región cuenta para esta tarea con la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía, SA (Veiasa), que también es la encargada de las inspecciones técnicas de vehículos.

Según la Junta, el servicio de control metrológico legal de los equipos de pesas y medidas tiene una "gran trascendencia social" y afecta a sectores tan cruciales como la sanidad, la energía, la seguridad vial, el comercio o el medio ambiente, así como a la ciudadanía en aspectos tan corrientes de la vida diaria como el correcto funcionamiento de las balanzas en los comercios o de los surtidores de combustible.

Veiasa lleva a cabo este trabajo en Andalucía a través de una plantilla de 75 técnicos, para lo que cuenta con ocho laboratorios provinciales y uno central; cinco bases comarcales; 34 unidades móviles y seis camiones. El pasado año 2014, la empresa pública realizó casi 60.000 actuaciones de control, con un índice de satisfacción del 95% y una nota media de 8 sobre 10 de los usuarios.

A la luz de estos datos, Vázquez ha defendido la decisión de recurrir la norma estatal ante el TC porque, al margen de vulnerar "competencias exclusivas" de la comunidad, "conduce a una desregulación que perjudica al ciudadano" y la Junta no comparte la "privatización de un servicio público que funciona bien en Andalucía".