La decisión supone la que la tramitación del procedimiento se prolonga durante 18 meses más ya que aún no ha terminado la ronda de declaraciones que se inició en febrero con la comparecencia en sede judicial de cinco de los investigados, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.
En sus declaraciones, los activistas han manifestado al instructor de la causa que sólo se manifestaron contra la permanencia en espacio protegido y sobre suelo no urbanizable, tal y como ha determinado en su última sentencia el Tribunal Supremo (TS), de este inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones pero sin causar destrozos.
El procedimiento se inicio tras la denuncia interpuesta por la promotora del inmueble, Azata del Sol, que demanda a la organización ecologista por un presunto delito de daños y reclama una indemnización por una cuantía global de 200.000 euros.
Cabe recordar que son 28 los activistas que deben prestar declaración mediante exhorto debido a sus lugares de origen, han dado su versión otras siete personas desde los juzgados de Madrid, Antequera (Málaga), Granada, Pontevedra y Zaragoza, entre otros.
Fueron más de un centenar de activistas de Greenpeace, según los organizadores, los que acudieron el 10 de mayo de 2014 hasta el hotel para pintar "un gigantesco punto negro de 8.000 metros cuadrados" en la fachada y exigir así su "desmantelamiento inmediato". La pintada permitía leer sobre el edificio 'Hotel ilegal'.
Esta acción se produjo apenas mes y medio después de que el TSJA emitiera un segundo pronunciamiento -ahora anulado- que contradecía el anterior dictado por el mismo órgano en el que declaraba el terreno del Algarrobico como urbanizable, lo que a juicio de Greenpeace, no hacía más " enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley".
Cuatro días después de esta acción, un centenar de vecinos de Carboneras acudieron al hotel para modificar la pintada realizada por los activistas y cubrir de negro la 'i' de 'ilegal' para reivindicar así la apertura del edificio ya que, según ha defendido una parte de la población, sería "beneficioso" para la localidad en cuanto a generación de puestos de trabajo y riqueza.
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