La Consejería de Justicia e Interior como responsable del desarrollo de programas de reeducación ha declarado que cerca del 65 por ciento de las mediaciones con menores infractores se han saldado en 2014 mediante acuerdo con las víctimas sin tener que llegar a juicio, lo que ha supuesto durante el pasado año un total de 2.034 mediaciones con menores infractores en Andalucía como mecanismo de resolución extrajudicial.

Según ha informado la Junta en un comunicado, este balance ha puesto de relieve que un 22,3 por ciento de conflictos seguían en tramitación para buscar un acuerdo satisfactorio tras la realización de mediaciones, y sólo en el 13,2 de los casos este mecanismo de resolución de conflictos resultó inviable.

Asimismo, la Consejería ha afirmado que "la mediación se plantea como una solución alternativa a los litigios, no sólo de forma previa al proceso judicial, sino también durante su fase de ejecución, lo que se denomina mediación intrajudicial".

Con esta medida, la Consejería de Justicia e Interior está tratando de evitar que todos los procesos penales lleguen al juzgado para excluir del proceso judicial aquellos asuntos en trámite que puedan ser solventados extrajudicialmente con el común acuerdo de las partes.

Por sexos, el número de mediaciones realizadas durante 2014 es "bastante superior" entre los menores varones, que representan el 70 por ciento frente al 30 por ciento de las chicas.

En cuanto al resultado de la mediación, en el caso de las menores se ha resuelto favorablemente en el 63,7 por ciento de los expedientes iniciados, mientras que en el de los chicos ha sido el 64,5 por ciento.

Los profesionales de los equipos de menores inician el proceso de mediación con el fin de que el menor infractor se responsabilice de las consecuencias de su delito o falta, comprenda el mal que haya causado, pida perdón a la víctima y repare el daño causado con las medidas que en cada caso se establezcan para ello.

También, este tipo de soluciones extrajudiciales responde a una finalidad educativa y socializadora basados en la prevención general, además de aportar beneficios como el ahorro de costes y de tiempo, ya que en cuestión de meses se pueden solucionar muchos conflictos por esta vía frente a la tardanza que conlleva un proceso judicial.

Igualmente, resulta fundamental el valor de participación de las partes en litigio, lo que refuerza la solución alcanzada, al haber sido acordada y compartida, motivo de una mayor satisfacción que una sentencia impuesta por un juez.

Sin embargo, la función del mediador "no es resolver el conflicto, sino conducir el proceso técnicamente para modelar la negociación, es decir, estos profesionales no solamente informan y observan, sino que preparan también a las partes para el encuentro, introduciendo elementos de reflexión que posibiliten el acercamiento y el acuerdo".

El fomento de la mediación es una "prioridad" y una línea estratégica para el Gobierno andaluz, ya que "contribuye a solucionar la alta litigiosidad existente actualmente en la Administración de Justicia y ofrece una respuesta más rápida y práctica para todas las partes implicadas".