Un informe elaborado por el Comisionado para el Despliegue del Autogobierno, que depende de la Generalitat, afirma que la aplicación del artículo 155 de la Constitución durante 218 días tuvo un impacto negativo de 1.800 millones de euros en las cuentas de la administración catalana.

Lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu el comisionado encargado de elaborar este trabajo, Pau Villòria, que fue nombrado el 26 de junio de este año para analizar los efectos que había tenido la intervención de la autonomía catalana.

Villòria ha expuesto que la aplicación del artículo se concretó en el cese de 234 cargos de la Generalitat, entre ellos el presidente y todos los miembros del anterior Govern, y ha señalado que supuso "casi anular la capacidad financiera y de ejecución presupuestaria de la Generalitat".

El estudio de Villòria concluye que, a pesar de que "no es fácil cuantificar de manera exacta la incidencia económica de la intervención del Estado en la economía catalana", se puede estimar que la afectación del 155 en los presupuestos "supera los 1.800 millones de euros", ya sea por "pérdidas, bloqueos o retrasos".

También afirma que la Generalitat perdió más de 130 millones de euros directamente atribuibles a la aplicación del 155 y que entidades sociales y universidades "se vieron afectadas".

"Por otro lado", prosigue el documento, "se han de tener en cuenta los importantes asuntos que se bloquearon sin motivo aparente o que, a causa de la complejidad burocrática impuesta por la Administración General del Estado, sufrieron retrasos en su tramitación. No se consideran impacto económico directo, pero sus efectos económicos pueden ser muy importantes".

Ejemplo de ello fue, según el informe, que en la consellería de Interior se dio la "imposibilidad" de que los Mossos d'Esquadra pudieran acceder al dinero de los fondos reservados con los cuales se financiaba la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

También en el Departamento de Trabajo se produjo un "retraso en la tramitación de 395 contratos, en las prórrogas de éstos (585) y en los convenios para prestación de servicios (334)".

El 155 supuso además, según la Generalitat, una gran carga de trabajo "suplementario sin ningún valor añadido" y un "incremento de la burocracia"; y afectó a las inversiones de las consellerias, así como a las compras, servicios y suministros que no se pudieron realizar o que se demoraron en el tiempo.

Como también se sitúan en 50 millones los importes perdidos en subvenciones y ayudas que no se pudieron tramitar y que "afectaron a los colectivos más vulnerables", algo que se cifra en que 1.057 entidades de ámbito social se vieron afectadas" o que en el programa FEDER se paralizaron proyectos, con un impacto de 25,4 millones.

Se denuncia asimismo la "indefensión de la Generalitat ante los tribunales"; y en lo relativo a la limitación de la capacidad para cerrar acuerdos de colaboración con otras instituciones, se destaca la imposibilidad de aprobar la línea de ayudas a la promoción de vivienda social por importe de 140 millones, entre otros.

Villòria, quien ha recordado que vivió en primera persona la aplicación del 155 en su anterior cargo como secretario general de Empresa y Conocimiento, ha admitido que "no fue fácil ni agradable" y que el 155 se trató de "un instrumento perfectamente planificado para suspender el autogobierno de Cataluña".

Para el comisionado, había "otras vías o fórmulas para avanzar en la negociación del conflicto que el Gobierno nunca contempló y que el entonces presidente (Carles Puigdemont) ofreció en dos ocasiones", como también podría haberse planteado la Moncloa "recursos por la vía judicial, cosa que no quiso utilizar".

En cambio, ha lamentado que optara por la "imposición coartiva de una parte sobre la otra: eso fue el 155", una intervención que "no se adecuó a los principios de necesidad ni proporcionalidad".

"Tuvo efectos negativos y graves sobre el normal funcionamiento del autogobierno y fue un fracaso. Es evidente que si lo que se pretendía era resolver un conflicto sobre vía de coarción colectiva, el objetivo no se ha cumplido y una negociación entre dos partes en igualdad es la fórmula para una solución", ha concluido Villòria.