En rueda de prensa, la vicesecretaria de Coordinación Institucional y Estudios y Programas del PP-A, Patricia del Pozo, ha explicado que en el caso de que "los hechos no queden debidamente aclarados" tras consultar dichos documentos y tras las explicaciones que espera que dé al respecto la consejera del ramo, Sonia Gaya, el PP-A no descarta, por el momento, solicitar una comisión de investigación parlamentaria.

Tras recordar que el PP-A ya ha reclamado que Gaya dé explicaciones en el próximo Pleno por unos posibles documentos falsificados que podría haber aportado la Consejería de Educación en esta causa judicial, Del Pozo ha explicado que no descartan reclamar una comisión de investigación "si no tenemos las cosas claras y si los hechos no quedan debidamente aclarados" por parte del Gobierno andaluz.

Así la cosas, ha recordado que los hechos se remontan al 2014 y 2015, y que el asunto llegó al Parlamento en el 2016, donde el PP-A "siempre ha llevado la iniciativa desde que se conocieron públicamente los hechos".

"Las cosas no estarían como están en este momento si el PSOE-A y Cs hubiera permitido, cuando se conocieron los hechos, que la delegada provincial de Educación hubiera comparecido en la Cámara, como reclamó el PP-A", ha sostenido la diputada, que ha considerado que este caso concreto es "la punta del iceberg de las múltiples arbitrariedades que llevan años produciéndose en la Delegación de Educación de Sevilla, con el consentimiento tácito de la Consejería de Educación".

Ha lamentado que este organismo "lleva años en entredicho, está en los periódicos y hay sentencias que causan sonrojo, por aprobados de despachos, irregularidades o abuso de los docentes adscritos".

Del mismo modo, la parlamentaria popular ha criticado que en esta Delegación se estableció "un sistema opaco de acceso por la puerta de atrás que flaco favor ha hecho a interinos, docentes y opositores", mientras que ha criticado que el Gobierno andaluz "ha dado hasta cuatro versiones distintas en el Parlamento" por estos hechos.

Así, criticado el papel de la Consejería de Educación, cuando ha puesto en cuestión que no le "extrañara" que como resultado de este "escándalo" se cesaran a 21 cargos en la Delegación. Y así, Del Pozo ha censurado que la presidenta de la Junta diga que se trata de un caso "funcionarial" pues, como ha subrayado, "hay cuatro altos cargos investigados".

Con todo, la representante del PP-A ha agregado que en el Parlamento andaluz "nunca vimos el nombramiento de esta señora porque no lo hubo porque no hubo convocatoria para la plaza, por tanto, no pudo haber ningún nombramiento".

Así, y tras criticar que el Gobierno andaluz nunca remitiera a la Cámara autonómica las conclusiones de la investigación interna que emprendió a tenor de estos datos, Del Pozo ha anunciado que el PP-A ha registrado un artículo siete para reclamarle copia de todos los documentos que haya aportado al juzgado para después, si procede, solicitar una comisión de investigación parlamentaria.