Así, la Comisión Ejecutiva de Industria y el Comité de Industria de Castilla y León apoyan, respaldan y se solidarizan con la medida adoptada, dado que no se ve la implicación ni del Ministerio de Industria ni de la Junta de Castilla y León en sus competencias,

viendo además necesario la extensión por la plantilla de medidas de acompañamiento al encierro.

Ejecutiva y Comité exigen a las administraciones la puesta en funcionamiento de un paquete de medidas que permitan la disponibilidad de aquellas medidas recogidas, tanto en el marco de actuación estatal para el sector carbonero como entre las competencias de la Junta de Castilla y León.

Para CCOO, que ya ha pedido al Gobierno regional que con cargo a las ayudas estatales correspondientes se haga un adelanto que agilice el proceso, el objetivo es el apercibimiento por la compañía de aquellos recursos económicos que permitan el reinicio de las actividades en labores, bien productivas, bien de mantenimiento o abandono planificado, "todo lo cual ha de contribuir a que los trabajadores recuperen el empleo, como mínimo durante el período necesario para un cierre ordenado, el cual llevará varios años, compatibles estas medidas con el Plan Nacional del Carbón, así como con la extensa normativa de la Comisión Europea".