Extorsión de escándalo

Si no fuera porque el sector de las telecos no consigue quitarse el sambenito de hermano rico de la industria española, en este momento habría una auténtica revolución empresarial en este país. Lo de la financiación de RTVE debería estar siendo un escándalo mediático, económico y político de proporciones inimaginables.

El uso que está haciendo la vicepresidenta De la Vega del anteproyecto de ley que prevé que las operadoras financien buena parte de la nueva televisión pública, pero no publicitaria, atenta contra las más básicas normas de la vergüenza, la ética y el rigor político. No sólo han manipulado y ocultado el tema como les ha convenido, sino que hacen y deshacen a su antojo para que trascienda a la opinión pública lo que ellos quieran.

Parece que los operadores tienen que empezar por adelantar el 40% del total de la tasa para todo el año en julio. ¿Y si se niegan a pagar? El impago del tasazo televisivo podría suponer la «suspensión de actividad» (dijo De la Vega) del osado operador que no pague. O sea, una aberración, una amenaza absurda, una osadía sin límites, una intromisión en la actividad lícita y reglamentaria de una empresa privada.