El informe de la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía, al que ha tenido acceso Europa Press, amplía a petición de la juez instructora una primera pericial que cuantificaba estos trabajos de reparación en 425 euros ya que tiene en cuenta el coste de los proyectos técnicos y del andamiaje a montar para llevar a cabo la restauración de los daños ocasionados al conjunto monumental.

En concreto, el perito valora el proyecto técnico de reparación en 1.700 euros, la redacción del estudio básico de seguridad y salud en 250 euros y la dirección técnica de los trabajos en 650 euros.

A estos conceptos añade la coordinación de seguridad y salud en fase de obra, que cuantifica en 360 euros y otros 650 euros por el suministro, montaje, alquiler estimado de dos días, desmontaje y retirada de andamiaje tubular modelo europeo, incluyendo elementos auxiliares y transportes.

El informe detalla que la intervención técnica debería haber consistido en la realización de un proyecto de reparación y restauración de los daños ocasionados en el monumento, incluyendo las solicitudes y permisos necesarios, así como memoria de intervención y otra documentación técnica necesaria.

Señala, en esta línea, que, una vez redactado dicho proyecto de intervención, el técnico debería de realizar el seguimiento y control de los trabajos a realizar, lo que llevaría implícita la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, así como la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de obra,

Por último, el perito valora también la posible necesidad de montar un andamiaje tubular modelo europeo para realizar los trabajos de reparación.

En el marco del procedimiento penal ha prestado declaración en calidad de investigada la exdirectora del conjunto monumental de la Alcazaba de Almería María Luis García, quien fue relevada de su cargo en septiembre de 2016, semanas después del incidente, aunque la consejera de Cultura de la Junta andaluza, Rosa Aguilar, quien realizó el anunció tras una reunión del Foro de Participación Alcazaba de Almería, desvinculó entonces este cese de los hechos investigados y de las reiteradas peticiones por parte de la asociación de amigos del monumento para que dimitiera.

El Juzgado de Instrucción 1 llevó a cabo en febrero, asimismo, un primera ronda de declaraciones en la que se citó a trabajadores de la empresa de montaje, vigilantes de seguridad, técnicos de la administración andaluza y responsables de las Jornadas del Teatro del Siglo de Oro.

Cabe recordar que la asociación 'Amigos de la Alcazaba', que interpuso denuncia ante la Fiscalía Provincial, que a su vez interesó que se abriera procedimiento penal, cuantificó el valor de la reparación de la veintena de agujeros en, al menos, 3.112 euros mientras que la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta redujo los daños causados a este Bien de Interés Cultural (BIC) a tan solo 150 euros.

Trabajadores del conjunto monumental de La Alcazaba trasladaron en su momento que los empleados que se encontraban en el recinto cuando se produjo el taladro de anclajes para montar un escenario en el Patio de Armas informaron a la directora del centro por teléfono el 18 de junio y aseguraron que la responsable "no actuó hasta que la prensa difundió la agresión dos días después".

Por su parte, el fiscal apuntaba que los perjuicios ocasionados al principal monumento de la capital podrían ser constitutivos podrían ser constitutivos de un delito de daños al patrimonio histórico "bien en su modalidad dolosa", según el artículo 332 del Código Penal, "o cuanto menos, en su modalidad de imprudente", a partir del artículo 334 del Código Penal, que estiman penas de prisión de seis meses a dos años.