Los condenados a realizar medidas penales alternativas (mpa) reinciden en un 10% de los casos, ante el 30% de los condenados a penas de prisión. Es una de las principales conclusiones de un estudio hecho por la Generalitat que pone de relevancia que la imposición de mpa, como trabajos en beneficio de la comunidad (tbc), terapias obligatorias o cursos de formación son más efectivos para impedir la reincidencia en determinados delitos y condenados.

El conseller de Justicia, Carles Mundó, asegura que el cumplimiento de penas fuera de la prisión “no es ningún privilegio, sino la manera de asegurar el éxito en la rehabilitación” de algunos condenados.

El cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad, la obligación de participar en terapias y la formación pueden ser “los instrumentos más útiles para proporcionar segundas oportunidades a los que en algún momento han roto la convivencia y para hacer que nuestra sociedad sea más justa y segura”, ha dicho.

Además, este tipo de condena permite, en muchos casos, compaginarlas con las tareas familiares y laborales, y hace que los condenados "conozcan realidades diferentes, se sienten más útiles y valorados por la sociedad".

La comparación con el resto de países europeos que registran este dato indica que el grado de efectividad de las medidas penales alternativas de Cataluña es superior al de Holanda, el Reino Unido, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia e Italia, que superan el 20% y llegan al 41% en el caso de Holanda.

No obstante, no existe ningún registro público que permita comparar el dato catalán con la del resto del Estado español.

Los delincuentes que realizan mpa son un 71% condenados por delitos de tránsito y un 20% por violencia doméstica. Normalmente son penas inferiores a dos años de prisión que se sustituyen por mpa, o hasta cinco años de prisión con la obligación de realizar también un proceso terapéutico de desintoxicación de drogas, si es el caso.

La ejecución de las medidas penales alternativas se hace con la colaboración de más de 1.700 entidades sin afán de lucro, unas 500 de las cuales son ayuntamientos y otras administraciones públicas, que acumulan el 65% de los condenados.

Actualmente hay cerca de 7.000 condenados a medidas penales alternativas y más de 8.800 internos en los centros penitenciarios catalanes.

El estudio está hecho sobre una muestra de 8.839 condenados a medidas penales alternativas desde el año 2010.

Durante el año 2015 más de 13.000 personas realizaron mpa, trabajando un total de 1,35 millones de euros. La Generalitat destina unos 5,5 millones de euros a la formación de las entidades acogedoras y a los salarios del centenar de técnicos que supervisan los condenados.

Actualmente hay unos 6.000 condenados a mpa esperando para cumplir la pena, que tienen que esperar una media de 200 días.

Mundó ha explicado estos datos después de visitar una de las entidades que acogen condenados a tbc, el Banco de los Alimentos de Barcelona, que el año pasado recibió 78 penados, y que realizaron unas 8.000 horas de trabajo.