Así, la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, acuerda estimar la medida cautelar reclamada por los recurrentes y suspender provisionalmente el procedimiento, convocado por la Agencia Andaluza Pública de Educación. La suspensión no afecta en ningún caso al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados.

Las demandantes decidieron recurrir el proceso alegando el perjuicio que el mismo causaría al interés público y a los posibles licitadores, así como a los trabajadores del servicio, a lo que el tribunal considera que, en aras de la "tutela cautelar", y a fin de asegurar el efecto útil del recurso, partiendo de la brevedad de los plazos legales para la resolución, la suspensión es "el mejor remedio para asegurar la eficacia de la resolución".

El colectivo de monitores de educación especial, formado por unos 170 trabajadores en la provincia de Sevilla y en torno a los 900 trabajadores en toda Andalucía, denuncia desde hace años las "lamentables" condiciones laborales que sufren, "que creemos que no están en sintonía con la importante labor social y educativa que desempeñamos en beneficio de los menores que más lo necesitan", según ha explicado a Europa Press la presidenta de la Asociación de Monitores de Educación Especial de Sevilla, Rocío Tallafet.

Y es que las empresas para las que trabajan están aplicando unas condiciones sociolaborales "inadmisibles", lo que ha generado una precariedad laboral "que se ha agudizado en los últimos años, al no cumplirse ni el convenio colectivo ni el pliego de la Agencia Pública Andaluza de Educación".

Este incumplimiento conlleva una "merma" en los derechos laborales de los trabajadores, en su mayoría mujeres, lo cual se refleja en el salario por debajo de lo estipulado en las tablas salariales del convenio colectivo, recortes en los periodos de vacaciones, incumplimiento del periodo obligatorio de contratación, cotizaciones o consideración de jornada parcial en lugar de jornada completa.

Tras recursos interpuestos ante la administración pública, denuncias por incumplimiento de convenio a las distintas empresas, reuniones con los distintos grupos políticos que son conocedores de la situación laboral y aprobación de una proposición no de ley por unanimidad en el Parlamento andaluz, "vemos que todo nuestro esfuerzo ha sido hasta el momento infructuoso".