En una nota, el colectivo ha explicado que el lanzamiento requerido por el Consistorio para una vivienda ubicada en la calle Arcos de los Dolores afecta a Neiva, "una madre separada con tres hijos, unos gemelos de siete años y otro niño de cuatro años, víctima de malos tratos y con una orden de alejamiento desde hace tres meses".

"No nos cabe en la cabeza que el Ayuntamiento de Jaén, que tiene aprobada la creación de una oficina antidesahucios desde mayo de 2016, sea la parte

demandante en este caso: una familia totalmente vulnerable que ocupa en precario una vivienda municipal desde marzo de este año por extrema necesidad y de buena fe", ha afirmado la portavoz de la PAH, Ana Cárdenas.

Ha destacado que el derecho a la vivienda "empieza en lo municipal" y, si una familia no tiene otra alternativa que ocupar en precario una vivienda pública, "la respuesta política no puede ser un lanzamiento sin alternativa habitacional".

En este sentido, ha apuntado que el espíritu de ese servicio antidesahucios era precisamente parar desalojos y buscar alternativas a familias vulnerables. Para ello, el Ayuntamiento, con la Junta y entidades bancarias con vivienda vacía en la ciudad, "crearía un parque municipal de vivienda para actuar ante situaciones de emergencia social".

"Queremos creer que los servicios municipales comunitarios, que conocen a Neiva, junto con la 'oficina antidesahucios', están buscando alternativa porque no podemos consentir que sea el propio Ayuntamiento el que desahucie a una familia con tres menores", ha lamentado Cárdenas.

UN "FRAUDE POLÍTICO"

Mientras esta familia espera que las autoridades judiciales cumplan la orden de desalojo por parte del Ayuntamiento dejando libre y a su disposición "una vivienda hasta marzo vacía y abandonada", Neiva está empaquetando sus escasas pertenencias.

De otra manera, sus bienes no retirados se considerarían abandonados y los perdería, según ha precisado la portavoz, que ha incidido en que era "una vivienda abandonada que Neiva ha rehabilitado, arreglando el tejado gracias a la renta activa de inserción que lleva cobrando dos meses".

Ha anunciado, además, que "con estas malas prácticas por parte del Consistorio, la PAH exigirá al alcalde, Javier Márquez (PP), que en sesión plenaria de septiembre "se dé cuenta de la marcha y actuaciones de la oficina antidesahucios fantasma para valorar el cierre de dichos servicios municipales si no sirven para la causa de la vivienda como un derecho para todas las familias y, sobre todo, para las más débiles".

"Esto es un fraude político y no vamos a permitir que el Ayuntamiento traicione la lucha contra los desahucios sólo por el hecho de haber aprobado la creación de una oficina que no resuelve las dramáticas situaciones que

viven las familias", ha destacado Cárdenas no sin pedir "con vehemencia" que los servicios sociales comunitarios y la oficina estudien el caso de Neiva "y busquen una alternativa digna" para la familia y para el Consistorio.