Molina ha realizado estas declaraciones en referencia a los últimos acontecimientos que afectan al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, que declarará el próximo día 6 por el 'caso Auditorio'.

A Sánchez los grupos de la oposición le han reclamado cumplir el artículo 54 de la ley de Transparencia en el que se estipula que en el momento que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado por presunta comisión de delitos, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía.

Molina ha señalado que "hay varios cargos" que incumplen este artículo, aunque ha rehusado a citarlos. "No he venido a poner nombres y apellidos. Estoy pasando unos días muy tristes a nivel personal de ver que no se entienden las cosas", ha dicho expresando sus dudas sobre cómo explicar durante las charlas sobre la transparencia en colegios e institutos los valores que defiende la sociedad "si esos valores son pelillos a la mar. Destruir valores es dañino", ha añadido.

"La transparencia es ponerse manos a la masa y decir a la ciudadanía que estamos dispuestos a construir ese gran edificio para que ellos puedan entrar por la puerta principal", ha indicado el presidente del Consejo de la Transparencia tras su visita a la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, a la que ha trasladado unas propuestas de modificación de la ley de Transparencia, que Peñalver trasladará mañana en Junta de Portavoces a los responsables de cada

grupo parlamentario para que "cuanto antes se ordene la tramitación de esas modificaciones".

Entre estas propuestas destaca una para integra a la Administración Local y sus entidades en la ley de Transparencia y Participación Ciudadana a fin de que los objetivos de la transparencia se apliquen de forma homogénea, que el Consejo de la Transparencia sea un órgano independiente del control de todas las Administraciones y Entidades Públicas, y que a su vez tenga personalidad jurídica propia y plena capacidad de actuación.

A su vez, en el documento que ha entregado Molina a la presidenta de la Asamblea se pide atribuir al Consejo de la Transparencia el carácter de entidad promotora del voluntariado ciudadano para vincular a los colectivos, asociaciones y movimientos ciudadanos con los valores de transparencia, información, la participación, el control del buen gobierno y la rendición de cuentas, así como atribuir al Consejo facultades sancionadoras por los incumplimientos de la ley.