Pese a estos señalamientos, uno de los abogados defensores de estas personas ha manifestado a Europa Press que su pretensión es solicitar un aplazamiento de las citadas vistas orales, al coincidir con otros juicios pendientes. Hasta el momento, y según lo trascendido, unas dos personas enjuiciadas por este caso de ocupación han resultado absueltas y otra ha sido condenada a una multa de 360 euros por usurpación.

El juicio correspondiente al 6 de octubre, por cierto, correspondería en principio al de Toñi, una de las principales portavoces del colectivo, y se celebraría en el Juzgado de lo Penal número 12.

El desalojo de este colectivo, compuesto por unas 50 personas, fue consumado en abril de 2014 tras casi dos años de movilizaciones y negociaciones.

Estas actuaciones corrieron paralelas a la causa judicial incoada por el juzgado de Instrucción número tres de Sevilla como consecuencia de las acciones legales emprendidas por Ibercaja, propietaria de las viviendas a través de la sociedad Residencial Murillo, si bien Ibercaja se retiró del procedimiento judicial después del desalojo.

LOS REALOJOS

El desalojo policial de las viviendas, como se recordará, motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida entonces por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos fueron paralizados dado el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios entonces en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución.

Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento de Sevilla un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.

Finalmente, las nuevas evaluaciones de la situación socioeconómica de estas personas elaboradas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejaron que ocho de las personas o familias evaluadas se encontraban en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual según la Junta ya justificaba "plenamente" su realojo provisional; y siete atravesaban una situación "deficitaria o de exclusión social", con lo que la Consejería de Fomento y Vivienda daba por avalados los realojos provisionales ya consumados y acometía los que tenía pendientes.

Después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) zanjó sin consecuencias una denuncia de Manos Limpias contra la entonces consejera de Fomento, Elena Cortés, considerando que estos realojos "no están inspirados por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial".