En este sentido, los socialistas han presentado una PNL proponiendo un nueva herramienta de Informatización de Denuncias, dentro de un proyecto de revisión del procedimiento sancionador, para hacerlo más ágil, eficaz y eficiente, así como más accesible para la ciudadanía, como cuestión fundamental para el futuro.

El Grupo Parlamentario Socialista exigirá explicaciones en el pleno de las Cortes del martes a Suárez Quiñones, mediante una pregunta oral, por la gran cantidad de denuncias en materia de medio ambiente que no se tramitan, acaban en un cajón cerrado o caducan por no tramitarlas en tiempo y forma.

Así, Aceves preguntará al consejero si va a actuar ante los datos que dicen por ejemplo que el 40 % de las denuncias presentadas en 2013, por la Guardia Civil, los agentes medioambientales y otros cuerpos de seguridad en las diferentes provincias de la Comunidad, no se han tramitado.

El socialista, a través de un comunicado recogido por Europa Press,

emplaza al consejero a que ponga fin a este problema tan negativo para el funcionamiento de la Consejería y para la conservación de uno de los pilares fundamentales y seña de identidad como es el medio ambiente.

El procurador segoviano se pregunta por qué los responsables de la Consejería permiten que no estén cubiertos todos los puestos de licenciado en derecho, que son quien tramitan los expedientes sancionadores, y recuerda que existen vacantes e incluso bajas de larga duración que ralentizan o paralizan incluso la tramitación de los expedientes.

LA DISCULPA PERFECTA

Aceves opina que la Junta de Castilla y León se ha buscado la disculpa perfecta, no dotando del personal necesario para poder dejar "denuncias en el cajón", sobre todo cuando afectan a personas a las cuales se les salva de una sanción, con un claro interés partidista o de amiguismo político. "Esperamos explicaciones con urgencias", espetó.

Asimismo, el portavoz de Medio Ambiente recuerda que nuestro ordenamiento jurídico ofrece responsabilidades claras a aquellas autoridades, delegados territoriales, directores generales y consejero con competencia en la tramitación de los expedientes sancionadores, si no cumplen sus obligaciones, con una presunta responsabilidad penal por delitos de prevaricación.

Como posible solución, el procurador segoviano apunta que en el mes de agosto registraron una PNL en las Cortes de Castilla y León proponiendo un nueva herramienta de Informatización de Denuncias, dentro de un proyecto de revisión del procedimiento sancionador, para hacerlo más ágil, eficaz y eficiente, así como más accesible para la ciudadanía, como cuestión fundamental para el futuro, algo parecido a lo que hace unos años puso en marcha en España la Dirección General de Tráfico.

"Los socialistas damos la oportunidad a la Junta de ser pioneros en nuestro país con la implantación de este sistema informático de detección, información, registro, pago y gestión de infracciones administrativas en materia de medio ambiente", destaca el procurador.

Para ello sería necesario realizar los cambios legislativos necesarios para poder implantar este nuevo sistema informático, dotar del material necesario al personal de campo, agentes medioambientales y guardia civil para la ejecución de este nuevo sistema.

Asimismo, Aceves considera imprescindible modificar el DECRETO 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, para adaptarlo al nuevo marco legislativo del Estado y para implantar el pago reducido por pronto pago en las infracciones medioambientales.