Al respecto, el regidor, que ha firmado este martes un decreto nombrando abogado al letrado del Consistorio lucentino, tendrá que explicar a la juez si la Delegación de Fiestas fraccionó facturas por un importe total de 68.000 euros para sortear los límites a la contratación que tienen las administraciones públicas para importes superiores a los 18.000 euros, según ha adelantado 'Diario Córdoba'.

En este sentido, el beneficiario de estas facturas fue Pablo Lozano, exsecretario general de Juventudes Socialistas en Córdoba y exdiputado provincial por el partido judicial de Pozoblanco, entre otros cargos.

En concreto, el juzgado abrió diligencias en el mes de febrero, después de que el concejal no adscrito de la Corporación lucentina, Vicente Dalda, presentara en diciembre pasado una denuncia a raíz de estos hechos, sobre los que existe, además, un informe del vicesecretario municipal.

Además, en el mes de diciembre, tras la negativa de la concejal de Fiestas, Mar Morales, a declarar en el pleno, los grupos de la oposición exigieron por unanimidad la creación de una comisión política que investigase esta supuesta irregularidad. Se espera que las conclusiones de esta comisión estén listas en breve. El PSOE siempre ha mantenido que la contratación se hizo "con transparencia y gestión responsable".