Tras la "culminación" del cerramiento perimetral de la zona franca de Sevilla, creada sobre 719.876 metros cuadrados del área de Torrecuéllar pertenecientes a la Autoridad Portuaria, el proyecto afronta ahora la "tarea" de captar la instalación de "nuevas empresas" que generen riqueza y empleo, según han señalado este miércoles la concejal de Relaciones Institucionales, Economía y Comercio del Ayuntamiento hispalense, Carmen Castreño, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Gracia.

En un escenario en el que este miércoles expiraba el plazo habilitado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la ejecución del vallado, Carmen Castreño y Manuel Gracia han manifestado a los medios de comunicación que tras arrancar tales trabajos a finales de junio con un presupuesto de un millón de euros, para la colocación de 3.400 metros de valla, la sustitución de luminarias y la habilitación de un acceso norte para vehículos pesados, se puede dar por cierta la "culminación" del cerramiento petrimetral.

"Tenemos vallado y con ello tenemos la zona franca, porque era una de las condiciones indispensables para tenerla, la peor", ha dicho Castreño señalando que la instalación de este cerramiento perimetral era la obligación más costosa y difícil impuesta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para que comience a operar la zona franca, es decir que empiecen a regir sus beneficios fiscales.

Dado el caso, el Servicio de Aduanas, dependiente de la Agencia Tributaria, habrá de emitir el informe correspondiente a la "culminación del vallado" de la zona franca, para dar cuenta del mismo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Consorcio de la Zona Franca, participado por el Ayuntamiento, el Ministerio y la Autoridad Portuaria.

Una vez "autentificada la culminación de las obras", según Castreño y Gracia, son necesarios aún diferentes "trámites administrativos" para que comiencen a regir los beneficios fiscales para las empresas ya instaladas en el recién acabado perímetro de la zona franca, como son TRH, Hispalense de Líquidos, Reciclados Navales del Sur, Inabensa, Sevitrade y Janone. Tal extremo según Gracia, sucederá "en unos meses", toda vez que las empresas interesadas en adherirse a la zona franca habrán de solventar algunos trámites, como solicitar su inclusión o realizar un "inventario" de existencias.

De cualquier modo, ambos han coincidido en que el proyecto afronta ahora el reto de "llenar las 33 hectáreas que están aún libres, con nuevas empresas que creen empleo". "Es la tarea que corresponde ahora", ha dicho Castreño, recordando los "beneficios fiscales" que ofrece la zona franca. Gracia, de su lado, ha manifestado que la creación de un "plan comercial" es uno de los principales elementos de la hoja de ruta marcada para el proyecto, augurando que en poco más de "un año" se habrá "duplicado el número de empresas" instaladas en la zona franca, toda vez que las sociedades ya afectadas por la iniciativa estaban implantadas ya en los terrenos en cuestión antes de que naciese el proyecto de la zona franca.

LA ZONA FRANCA

Recordemos que en enero de 2015, el entonces alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el ahora ministro de Hacienda y Administración Pública en funciones, Cristóbal Montoro, firmaban la constitución del consorcio de la zona franca de Sevilla, que nacía sobre 719.876 metros cuadrados pertenecientes a la Autoridad Portuaria, con el objetivo de lograr un tráfico de mercancías superior a los 1,7 millones de toneladas anuales y una facturación anual de más de mil millones de euros.

Pero la orden ministerial emitida el 30 de agosto de 2013 para autorizar la constitución de la zona franca condicionaba su entrada en funcionamiento a la aprobación de los estatutos del consorcio gestor, del reglamento de régimen interior y de la contabilidad de existencias, así como a la ejecución de las obras de cierre del recinto. La citada orden, además, estipulaba un plazo máximo de dos años para el cumplimiento de dichos aspectos. La fecha tope, así, expiraba al acabar agosto de 2015.

LOS PLAZOS

Pero si bien el proyecto avanzaba correctamente en lo que se refiere a sus estatutos, el reglamento de régimen interior y la contabilidad, las obras del cerramiento perimetral constituían un inconveniente, dado que los plazos seguidos por el proyecto hacían imposible que su licitación, contratación e instalación estuviese lista antes del 30 de agosto de 2015.

Dado el caso, Zoido solicitó en el anterior mandato "la ampliación del plazo previsto, como consecuencia de la imposibilidad de finalizar las obras de cierre de la zona franca de Sevilla en dicho plazo". El ministerio, finalmente, accedía a esta petición, ampliando "un año adicional al previsto en el apartado citado, concluyendo el nuevo plazo concedido el 31 de agosto de 2016".

Posteriormente, Juan Espadas y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas revisaban la situación del proyecto, porque según Cristóbal Montoro, con la "fecha límite" del 31 de agosto de este año tampoco "da tiempo a hacer todo el vallado".

Por eso, el Ayuntamiento y el Ministerio acordaron ejecutar en el tiempo que restaba hasta este 31 de agosto de 2016 una "primera fase" del cerramiento perimetral circunscrito al área de Torrecuéllar, para que la zona franca comience a funcionar en esos términos dentro del plazo estipulado y continuar después con el cerramiento del resto de su perímetro.