en archivos de diferentes administraciones, que pasará de 50 a 25 años desde el fallecimiento del afectado si la fecha es conocida y de 100 a 50 años de no conocerse esta fecha.

A través de esta Proposición de Ley presentada por los cinco grupos con representación en las Cortes se trata de un dar un paso más en la reducción de los plazos de consulta pública de los documentos con información sobre personas físicas con el objetivo último de facilitar las investigaciones y homogeneizar los plazos en consonancia con la Ley del Patrimonio Histórico Español y con el resto de las legislaciones autonómicas.

Según ha reivindicado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, que ha tomado la palabra en nombre de su compañero Álvaro Lora que se ha tenido que ausentar del debate, con esta modificación se trata de subsanar "un olvido" para saldar "una deuda que tenía pendiente la Comunidad".

Dicho esto, ha agradecido la diligencia de la Junta en su compromiso de modificar lo antes posible la Ley de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León tras la aprobación unánime el pasado 20 de mayo en el Pleno de la Diputación de Valladolid de una proposición socialista para facilitar el derecho de las víctimas del franquismo al acceso a la información del Archivo Provincial de Valladolid, una "reivindicación histórica".

"Cada pueblo tiene derecho a conocer la verdad de lo ocurrido", ha reclamado Tudanca convencido de que sólo a través del conocimiento del pasado se podrán cerrar las heridas pendientes.

Por parte de Podemos, la procuradora Isabel Muñoz ha advertido de que, aunque "positiva", esta modificación legislativa sólo es "un primer paso" para, sin llegar a eliminar la protección a la intimidad de las personas, rebajar los plazos a 15 y 30 años en los dos supuestos contemplados por la norma para hacerlos más acordes con la actual sociedad de la información que demanda más transparencia.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, quien ha considerado "tardío e insuficiente" adaptar el texto a una norma de 1985 por lo que ha apostado por "abrir el melón" de la función de los archivos en la memoria histórica donde Castilla y León "se encuentra a la cola". "Tiene que haber una política importante de los archivos", ha reivindicado.

Del mismo modo, el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado ha apostado por poner "negro sobre blanco" en todo lo relacionado con la memoria histórica para que se puedan defender los derechos conculcados y recuperar la memoria de todos. "Que salga a la luz", ha sentenciado.

Finalmente, el 'popular' Ángel Ibáñez ha hecho una llamada al consenso para tratar de encontrar espacios de acuerdo en la tramitación de esta ley en el objetivo último de facilitar la labor de las investigaciones y dar facilidades a las investigaciones venideras. "Debatir y llegar a acuerdos que es a lo que estamos llamados, a trabajar por la gente y no a insultar a la gente", ha sentenciado.