Ayuntamiento de Moguer consigue reducir la deuda de tres millones "pretendida por Aqualia" a 300.000 euros

  • El Ayuntamiento de Moguer (Huelva) ha conseguido reducir en un 90 por ciento la reclamación realizada por Aqualia tras la firma del contrato de suministro con el anterior gobierno del PP, pasando de los tres millones que solicitaba la empresa a 304.000 euros.
El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, en rueda de prensa.
El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, en rueda de prensa.
PSOE/Archivo
El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, en rueda de prensa.

Según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en una nota, "gracias a la gestión del equipo de gobierno, encabezado por el alcalde socialista Gustavo Cuéllar, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contempla una indemnización de solo 304.000 euros, y no de los casi tres millones de euros que reclamaba la empresa".

El primer mandatario local ha manifestado su "satisfacción porque la justicia haya dado la razón al Ayuntamiento en contra de las desorbitadas pretensiones de la empresa a la que el gobierno popular adjudicó los servicios del ciclo integral del agua en lo que fue a todas luces una gestión nefasta para los intereses de nuestro municipio".

"Afortunadamente", ha insistido Cuéllar, "la reclamación por vía judicial de 2,4 millones de euros más los intereses que realizó Aqualia, fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de manera que el Ayuntamiento sólo tendrá que asumir para la ejecución de la sentencia el pago de 304.000 euros, correspondientes al incremento legal del IPC, lo que supone en torno al diez por ciento del importe total que se nos reclamaba".

El origen de este pleito se remonta al contrato firmado en 2010 entre FCC Aqualia S.A. y el Ayuntamiento de Moguer, gobernado entonces por el PP, mediante el que se concedió el servicio de gestión de aguas a dicha entidad por la vía de urgencia. En el contrato se recogía la posibilidad de compensar a la empresa concesionaria porque ésta no alcanzase los beneficios esperados, cláusula en la que se basó Aqualia para iniciar su demanda contra el Ayuntamiento, y contra la que se pronunció en su sentencia el TSJA.

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