El Juzgado de Instrucción número 2 de Medina del Campo (Valladolid) acordó continuar con la tramitación de la denuncia que UGT presentó contra responsables de Metalúrgica de Medina S.A. (Memesa), empresa ubicada en dicha localidad, a los que acusó de una supuesta ocultación de los niveles de plomo en sangre registrados entre los trabajadores.

Pese a que la empresa denunciada había presentado recurso de reforma solicitando el archivo de las diligencias, de conformidad también con la opinión del Ministerio Fiscal, al no considerar la defensa ni la acusación pública que los hechos fueran constitutivos de delito, el juez instructor, a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, desestimó tal pretensión y resolvió continuar con la tramitación del procedimiento.

De este modo, y salvo que la Audiencia de Valladolid estime la solicitud de archivo, puesto que la empresa tiene ahora previsto interponer recurso de apelación, el caso podría derivar en un juicio que habría de celebrarse en uno de los juzgados de lo penal de la capital vallisoletana.

Los hechos, cuya tramitación por el procedimiento abreviado acordó el juez de Medina del Campo, se iniciaron en agosto de 2006 cuando la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT puso el caso en conocimiento de la Inspección de Trabajo por unas presuntas prácticas contra la salud y la seguridad laboral de los trabajadores a los que, al parecer, se ocultaba información cuando los análisis médicos daban como resultado concentración de plomo en sangre por encima de los límites permitidos.

Posteriormente, la Inspección de Trabajo decidió trasladar los hechos al Ministerio Fiscal, que, a su vez, mandó el caso al Juzgado de Instrucción de Medina del Campo para iniciar una investigación sobre lo ocurrido en la mercantil medinense, dedicada a la fusión de baterías usadas de plomo.

Acusación particular.

El instructor, que admitió la personación de la MCA de UGT como acusación particular mediante una providencia de fecha 5 de noviembre de ese año, remitió entonces oficios para recabar información al respecto de la Oficina Territorial de Trabajo, el Colegio Oficial de ATS y Diplomados en Enfermería, los sindicatos UGT y CC.OO y las entidades MUPAC, Echevarne, Fraternidad, Mapfre, Health Imbussines y el grupo local de la Policía Municipal de Medina sobre si la mercantil Ferroaleaciones seguía teniendo actividad en la villa y, en caso contrario, cuando traspasó las instalaciones a Memesa.

Regino Sánchez, quien fuera máximo responsable regional de dicha federación ugetista, criticó en su día estas supuestas prácticas de ocultación de datos por parte de la empresa, que, según relató, sólo facilitaba los resultados médicos a los trabajadores cuando los valores límites estaban por debajo de lo establecido en la normativa del plomo, mientras que ocultaba la información cuando superaban estos porcentajes.

La superación de los porcentajes de plomo en sangre lleva aparejada la separación inmediata del trabajador del puesto de trabajo o la baja por incapacidad transitoria.

MCA-UGT recordó que, según la normativa del plomo, los resultados son de conocimiento exclusivo del personal médico y del trabajador, por lo que denunció que la ocultación de esta información ha supuesto un grave perjuicio para los empleados que pueden ver afectado su sistema nervioso o sufrir cansancio y fatiga, entre otros trastornos.

Por aquellas fechas había nueve trabajadores afectados por estas presuntas prácticas de ocultación de datos —la plantilla de Memesa rondaba en torno a las 65 personas—e incluso uno de ellos había iniciado ya la tramitación de la baja por incapacidad.

La denuncia de MCA-UGT tenía dos objetivos, por un lado eliminar el riesgo fundamental contra la salud y obligar a la empresa a cumplir la normativa y los protocolos del plomo y, por otro, depurar responsabilidades ante un "presunto ilícito penal".