El Gobierno estudia "todas las aristas" de una instalación "tan sensible y compleja" como Castor

El Gobierno de España está estudiando "todas las aristas" que tiene una instalación "tan sensible y compleja" como el almacenamiento subterráneo de gas Castor, situado frente a las costas de Vinarós (Castellón), un proyecto que el ejecutivo central ha decidido "hibernar", según ha explicado el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues.

El Gobierno de España está estudiando "todas las aristas" que tiene una instalación "tan sensible y compleja" como el almacenamiento subterráneo de gas Castor, situado frente a las costas de Vinarós (Castellón), un proyecto que el ejecutivo central ha decidido "hibernar", según ha explicado el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues.

Así lo ha manifestado el delegado del gobierno en un acto en el que ha presentado la campaña especial de control del consumo de drogas y alcohol por los conductores. Moragues ha asegurado que la decisión del Gobierno central es "hibernar" esta instalación y somerterla a una "conservación y mantenimiento", a un "control exhaustivo" y realizar "los estudios geográficos y geológicos oportunos" para que "no haya ningún género de dudas sobre que pueda ser causante de movimientos sísmicos".

Por todo ello, se está estudiando "la resolución de la concesión" y "la exigencia de las reclamaciones", según ha confirmado Moragues.

El fin último, según ha comentado el principal representante del Gobierno central en la Comunitat, es "preservar la seguridad de los vecinos de la costa que tienen enfrente la instalación de Castor".

Así lo ha explicado Moragues después de que este lunes se conociera la intención del Gobierno de realizar estudios adicionales sobre el almacenamiento subterráneo de gas Castor, antes de decidir si desmantelar las instalaciones de forma definitiva o volver a ponerla en funcionamiento, ya que el proyecto "mantiene su interés estratégico" para España.

Así se ponía de manifiesto en una respuesta del Ejecutivo a la diputada de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el Congreso, Lourdes Ciurò, quien preguntó por escrito cómo se repartirá entre los consumidores la factura de 1.350,73 millones de euros de indemnización que se debe pagar a Escal UGS por el cierre del almacén o si se tendrán en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad económica.

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