EUROPA PRESS Continúa el vaciado de los discos duros de los ordenadores La presidenta de la Cooperativa de L'Aldea, Montserrat Llosa, ha celebrado este miércoles la investigación policial que se está llevando a cabo para esclarecer la gestión de la sección de crédito, que quebró a finales de 2011, porque cree que se podrá acreditar finalmente la viabilidad de la empresa.
"Estoy muy contenta de que se puedan aclarar las cosas. Es lo que nos interesa para la viabilidad de la cooperativa", ha declarado a Europa Press, y ha lamentado que el registro que están realizando los Mossos d'Esquadra ralentiza el ritmo de trabajo este miércoles.
Los Mossos han precintado por orden del Juzgado 1 de Tortosa (Tarragona) las instalaciones de la cooperativa, y han comenzado el vaciado de los discos duros de los ordenadores a las 09.00 horas, después de que el martes se precintaran las instalaciones.
Llosa ha indicado que los agentes "no han encontrado nada" de momento porque sólo están copiando toda la documentación registrada para analizarla en profundidad, y ha añadido que el registro continúa pasado el mediodía.
La sección de crédito de la cooperativa quebró a finales de 2011, presentó concurso de acreedores en abril de 2012 con un pasivo superior a los cinco millones, y unos 320 impositores tienen bloqueados todavía 4,3 millones de euros.
IMPUTACIONES
La titular del Juzgado 1 de Tortosa citó en marzo como imputados al exdirector general de Política Financiera de la Generalitat Ferran Sicart y al actual subdirector general de Inspección Financiera, Pablo Benito; estas imputaciones que se sumaron a la del inspector de la Generalitat Ramon Cortacans, imputado el 19 de febrero.
La juez ha detectado indicios de un presunto delito contra la administración pública ya que en 2007, cuando Sicart y Benito —entonces inspector del departamento— realizaron junto con Cortacans una auditoría que indicaba irregularidades contables graves, si bien fue archivada.
También han sido imputados el expresidente de la cooperativa Fernando Falcó, el extesorero Lluís Gilabert y el exsecretario Josep Benito, además del exdirector de la sección de crédito Enric Sabaté, el exgerente Daniel Ferré y los responsables de la auditora BDO.
Según el informe de la administración concursal elaborado antes de que se abriera esta causa, el exsecretario de la junta traspasó 18.250 euros de su cuenta a plazo a la de crédito, y el hermano del tesorero, Juan Gilabert, también traspasó 20.500 euros antes del colapso de la sección de crédito.
Asimismo, la cooperativa presentó una querella contra Ferré por los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad en balances, cuentas e informes.
El consejo rector de la cooperativa destituyó el 25 de enero de 2012 a Ferré, ya que la cooperativa, presidida entonces por Fernando Falcó, le culpó de una mala programación en unas inversiones en terrenos, invernaderos y sistemas de riego que originó los problemas de liquidez.
Cuando Montserrat Llosa se hizo con la presidencia de la entidad en sustitución de Falcó ya anunció medidas contra Ferré, a quien se le embargaron bienes por 1,6 millones de euros, y también se le interpuso una demanda por retirar 160.000 euros de la sección de crédito.
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