Luis Rubiales, en rueda prensa, lamentó que en la comisión gestora organizada tras la suspensión orgánica de la agrupación local socialista sólo esté representado "un sector del partido, precisamente el que no apoyó la moción de censura" promovida en el plano orgánico contra la directiva de la estructura local socialista.

Rubiales recordó que lo lógico hubiera sido que en la gestora hubiera al menos un representante de lo que denominó "el sector disidente, por llamarlo de una forma gráfica". Aún así, destacó que las personas que apoyaron la moción están en disposición de trabajar con la nueva gestora para crear pronto una ejecutiva que elija un candidato a la alcaldía de Motril.

El ex alcalde de Motril entre 1995 y 2003 manifestó que el PSOE no es de nadie, "sino de todos", y algunos creen "que por ganar por tres votos" ya hay que hacer lo que ellos quieran. Rubiales negó que la ejecutivas provincial o federal hayan iniciado una investigación contra él "de ningún tipo".

El grafitero Raúl Ruiz, conocido como 'El niño de las pinturas', afirmó hoy que recurrirá la denuncia que ha presentado contra él la Policía Local de Granada por hacer una pintada en la fachada de un edificio ubicado en la cuesta Vistillas de los Ángeles al considerar que es "absurda porque tenía todos lo permisos".

Ampliar foto

En declaraciones a Europa Press, Ruiz indicó que el propietario del muro aún no ha recibido ninguna comunicación oficial de la Policía Local respecto a la actuación del pasado domingo, cuando le denunciaron en virtud de la ordenanza de la convivencia por realizar este grafiti tras encargárselo el dueño del inmueble, situado en una zona declarada de especial protección.

Por el momento, el grafitero no seguirá con el mural en la cuesta Vistillas de los Ángeles y se mantendrá a la espera de lo que le diga el propietario o "hasta que se calmen los ánimos". "Dicen que esa pared es patrimonio cuando sólo tiene 20 años", añadió Ruiz, quien dijo sentirse abrumado con "todo este lío" porque "no ha incumplido ninguna norma".

Así, opinó que la aplicación de la ordenanza de la convivencia —que prohíbe las pintadas con multas de hasta 3.000 euros— es "bastante ambigua" y están "quitando mucha libertad" a los artistas, algo que dijo no comprender por tratarse de una ciudad como Granada.

Los hechos sucedieron el pasado domingo, y tras ser requerido por los agentes, Raúl Ruiz les mostró un permiso del dueño del inmueble y una instancia presentada ante la Gerencia Municipal de Urbanismo. No obstante esta última no había sido contestada, por lo que se considera que el autor de la pintada no contaba con la preceptiva autorización.

Fruto del decreto emitido recientemente por la Fiscalía Superior, la Policía Local ha remitido además el expediente al Ministerio Público para que determine la gravedad de realizar la pintada, que podría considerarse un delito de daños contra el patrimonio histórico, que contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión.

Por ahora, 'El niño de las pinturas' se enfrenta al pago de una multa que puede alcanzar los 3.000 euros, según establece la ordenanza, independientemente de que se abra contra él una causa judicial.

En concreto, este acuerdo contribuirá a conseguir un mayor conocimiento del conjunto monumental en el ámbito provincial, sobre todo dirigido al turismo nacional e internacional, así como al sector profesional y empresarial turístico de Granada. También, está previsto que ambas instituciones apoyen actuaciones que fomenten el aumento de pernoctaciones en establecimientos de hospedaje de la provincia granadina, así como el consumo en restaurantes y comercios.

Además, el convenio prevé la puesta en marcha de una Plataforma de Conocimiento que se fundamentará en el análisis y prospectiva de mercados, comportamiento de visitantes al Monumento y Granada, análisis de competitividad, y creación de herramientas para información de usuarios y para la comercialización de nuevos productos.

En rueda de prensa en Motril, Álvarez de la Chica hizo un recorrido desde el momento en el que se iniciaron en los problemas internos de los socialistas motrileños, que arrancaron en 1991 y que adquirieron "mayor virulencia" en 1995, fecha en la que el promotor de la moción de censura planteada contra la ejecutiva local, Luis Rubiales, accedió a la Alcaldía.

Según explicó, la agrupación local socialista no ha sido disuelta sino que se queda "sin capacidad de decisión" contando no obstante con todos los militantes. La gestora constituida, presidida Magdalena Sánchez, ahora "tendrá plenos poderes" porque así lo garantizan los estatutos del partido. Como vocales, contará con Flor Almón Fernández, Francisco Sánchez-Cantalejo López, José Antonio Aparicio López y Elvira Ramón Utrabo, los dos últimos en representación de la Comisión Ejecutiva Provincial.

Álvarez de la Chica precisó que no se ha optado "de momento" por la disolución de la agrupación porque la dirección provincial socialista confía en que los militantes ayudarán "en la normalización y convivencia democrática en el seno de la organización". El secretario provincial no dio fechas aunque dijo confiar en que "este tránsito sea el más corto posible". La Ejecutiva Federal, según sostuvo, "no ignora" ni descarta tomar otra medida de carácter colectivo ni individual "que esperemos que no sea necesario".

El enfrentamiento interno entre los socialistas motrileños se incrementaba, según Álvarez de la Chica, ante cada "oferta electoral" al configurar las listas de candidatos "para las elecciones municipales", lo que se ha traducido en la creación "de un conjunto fragmentado de grupos" que no sólo han convertido la agrupación local en "inoperante" sino que traslada una imagen externa "que tiene efectos negativos contrastables en la respuesta electoral de la ciudadanía motrileña".

Los distintos grupos se han configurado como "estructuras organizadas y estables de poder un contrapoder", algo limitado y en algunos casos prohibido por los estatutos internos del PSOE, subrayó el secretario provincial, que señaló que los nuevos afiliados quedaban "rápidamente encuadrados en cualquiera de los grupos o subgrupos".

Álvarez de la Chica agradeció el interés puesto por la secretaria general del PSOE de Motril, Flor Almón, por unir los distintos grupos locales y señaló que "siempre ha estado sometida a cuestión y no se le ha dado ni el tiempo suficiente para intentar la cohesión interna de la organización". Por último, el líder de los socialistas granadinos solicitó a los "históricos" que dejen paso a los nuevos militantes.

Los cinco parados, padres de familia que han perdido su puesto de trabajo en el sector de la construcción, permanecen encerrados en la iglesia del pueblo a la espera de una solución y han tomado esta determinación después de que el Ayuntamiento de Maracena defendiera ayer la buena gestión de la bolsa de trabajo y avanzara que no va a ceder a sus pretensiones.

En este contexto, los afectados han optado por dirigir un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz y exponerle su caso, que comenzó a mediados del pasado octubre, cuando una veintena de desempleados pidieron al alcalde de Maracena, Noel López (PSOE), que les ayudara a encontrar un empleo.

Obtuvieron una cita a principios de diciembre, pero el alcalde les pidió que esperaran un mes más "para ver qué podía hacer" a la vez que les exigió que dejaran cualquier medida de presión, lo que llegó acompañado de una sanción para cada uno de los parados participantes en este supuesto incidente que ellos niegan.

Bolsa de empleo equitativa

Aunque la Subdelegación del Gobierno ha retirado las sanciones, según anunció ayer el alcalde de Maracena, los parados insisten en que la bolsa de trabajo del Ayuntamiento no se reparte de manera equitativa y aluden incluso a ciertos "favoritismos" desmentidos por la entidad local.

Así exigen ante el Defensor que la bolsa de empleo sea "transparente y baremada", de modo que se "rompa el círculo vicioso del enchufismo y amiguismo, que si bien siempre es criticable y detestable, en tiempos de crisis es una práctica que el pueblo no va a permitir", añade la carta.

Los parados recuerdan además al Defensor que son "cinco padres de familia cuya realidad refleja la del millón y medio de personas que no perciben ningún sueldo, que se están quedando sin sus casas y que sobreviven de la caridad o de las redes familiares".

Por ello, han pedido "encarecidamente" a Chamizo que interceda en el conflicto y les "asesore" en lo que pueden hacer para que "no se repita este atropello a la verdad y a la integridad del pueblo".

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada rechazó hoy declarar en ruina la Casa del Aire del Albaicín, en contra de lo que se temía el grupo de ocupas que fue desalojado hace unas semanas del inmueble, y exigió a los propietarios que emprendan actuaciones encaminadas a su rehabilitación.

La decisión se adoptó tras la visita que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo realizaron hoy al inmueble para conocer el estado de la estructura y evaluar si las obras emprendidas en los últimos años se ajustan a la legalidad vigente, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

De hecho, la concejal responsable del área, Isabel Nieto (PP), ya dijo en su día que los propietarios del inmueble —grupos inmobiliarios— "han incumplido todos los requerimientos municipales de obras urgentes" y han sido los ocupas quienes las han ejecutado "poco a poco", de modo que "nunca ha existido una declaración de ruina".

Así las cosas, los técnicos de Urbanismo han dado a los propietarios un plazo de un mes, a contar desde hoy, para presentar un plan de rehabilitación del inmueble, que además deberá obtener el visto bueno de los técnicos municipales.

De este modo, también se pretenden "limitar" las intervenciones en la Casa del Aire para garantizar su legalidad, después de que algunos colectivos justificara el desalojo de los ocupas en el "afán especulativo" de los propietarios, que supuestamente querían derribar el inmueble.

La edil de iu no pudo entrar

Por otra parte, la edil de Urbanismo restó hoy importancia al incidente vivido el pasado viernes por la portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada, Lola Ruiz, a la que un agente de seguridad privada le impidió entrar al edificio, pese a que tenía una cita con los dos únicos inquilinos que aún residen en él y se identificó.

A juicio de Nieto, "los concejales no podemos ni debemos meternos en la casa de particulares, eso no se ha visto nunca", dijo hoy durante una visita a las obras de la calle Gonzalo Gallas, donde opinó que esa pretensión "no es normal" y constituye "una ocurrencia" de la edil de izquierdas.

"Si no ha entrado es porque el dueño —de la casa— no ha querido y el Ayuntamiento no tiene nada que ver con esto", sentenció en respuesta al requerimiento de ayer de Lola Ruiz, que instó a las administraciones a restablecer de manera "inmediata" los derechos fundamentales de las dos personas que aún habitan en el inmueble.

La mujer, imputada por simulación de delito, denunció el pasado día 2 de enero que había sido víctima de un robo con fuerza en las cosas y que le habían sustraído esa cantidad y 1.000 euros más de la nómina de su hijo, así como un DVD, dos cámaras de fotos digitales, un ordenador completo, varios relojes de pulsera y numerosas piezas de joyería, informó el Instituto Armado en una nota.

Cuando la Guardia Civil de Santa Fe investigó el supuesto robo, averiguó que éste nunca se había cometido y que los hechos denunciados eran falsos. De hecho, así lo reconoció con posterioridad la mujer, que dijo haber gastado el dinero de la hermandad "porque está pasando una mala racha", y que fue ella misma quien revolvió el interior de su casa antes de denunciar para intentar cobrar el seguro.

Según informaron a Europa Press fuentes de la institución que dirige Enrique Múgica, la infraestructura sirve sólo "por corto espacio de tiempo" aunque en ella permanecen los inmigrantes "hasta 48 horas", a pesar de que no reúne las condiciones "óptimas" para la pernoctación.

El Defensor ha instado a la Policía a mejorar las camas y a cerciorarse de que los inmigrantes se pongan la ropa limpia que se les ofrece, así como a que las mantas tengan buenas condiciones higiénicas y que haya duchas para todos. Asimismo, ha solicitado que se instale sistema de climatización porque sobre todo en verano "las condiciones atmosféricas son insoportables".

Junto a ello, la oficina de la institución, que visitó recientemente las instalaciones, ha instado a la Policía a que trabaje además en detectar "posibles víctimas de trata de blancas", según las fuentes consultadas.

Del informe dará cuenta mañana en Motril la ONG Andalucía Acoge que ha denunciado desde hace varios años la "precariedad" de las instalaciones y la custodia de los inmigrantes llegados al puerto de Motril, así como las "irregularidades" en el protocolo.

La Audiencia Provincial de Granada ha absuelto al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), del delito de coacciones contra la adjudicataria de la televisión municipal en 2004 por el que fue condenado a 28 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el Juzgado de lo Penal 1 de Motril.

Ampliar foto

Según consta en el fallo de la Sección Primera, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados, que revisaron el fallo el pasado 29 de enero tras el recurso presentado por el primer edil, han acordado revocar la resolución judicial "con todos los pronunciamientos favorables".

Fue el pasado 29 de junio cuando se dio a conocer la decisión del juez de Motril, que entendió que Benavides atacó a la libertad de expresión e información de la empresa al "ordenar" o "consentir" los cambios de cerradura y el corte de fluido eléctrico de sus instalaciones.

En la sentencia se señalaba además que el alcalde estaba "al corriente de todo" y que con su modo de actuar vulneró los derechos fundamentales de la mercantil 'Medios Informativos Costa Tropical S.L.' "impidiéndole el normal desarrollo de producción y emisión de programas".

Sin embargo, ahora la Audiencia considera en su nueva resolución, con fecha 5 de febrero, que las cerraduras se cambiaron, en el caso de la Casa de la Cultura, porque "no abría bien", y, en el caso de la caseta de Rancho Verde, donde la empresa tenía la antena de emisión, "por motivos de seguridad".

Además, los magistrados son especialmente duros con el denunciante y la resolución adoptada puesto que, según consideran, no está acreditado que "los motivos que se han alegado que tenía el alcalde para ordenar el cambio de cerraduras y que este cambio tuviera por finalidad impedir a la empresa denunciante emitir y así resolver el contrato que les unía".

"Las meras sospechas de que el alcalde estaba detrás de todo y que se orquestaron estas maniobras para echarlos y darle la concesión a otra persona, no constituyen prueba y los hechos hay que probarlos, no basta con lanzar un rumor", señalan.

Asimismo, el tribunal ha decidido que las costas procesales se paguen por ambas partes y no al inicialmente procesado "ya que por imperativo legal no se pueden imponer costas a los acusados absueltos". BENAVIDES, SATISFECHO

Tras conocerse la sentencia, el alcalde de Almuñécar manifestó su satisfacción y sus felicitaciones al gran trabajo realizado por su equipo de abogados, el Bufete Tastet, y declaró que siempre ha confiado en que su actuación en este asunto "se había desarrollado en la más absoluta legalidad".

Benavides, arropado por todo su equipo, insistió que "su obligación siempre ha sido la de defender los intereses del Ayuntamiento y de todos los vecinos de Almuñécar", por lo que, según dijo, "tenía absoluta confianza en que la administración de justicia así lo entendería".

Según las primeras estimaciones de Diputación, los destrozos en infraestructuras urbanas y caminos rurales ascienden a unos nueve millones de euros, mientras que en las carreteras provinciales se registraron daños por valor de casi seis, aunque la institución supramunicipal ya ha realizado algunas actuaciones urgentes valoradas en 1,9 millones y prevé continuar con esta labor.

A esto se suman las incidencias detectadas por la Agencia Andaluza del Agua, que ha cifrado en más de dos millones de euros el arreglo de los barrancos y la limpieza de los cauces de los ríos afectados por el temporal.

La Agencia ha trabajado este tiempo en restablecer el abastecimiento de agua potable en todos los municipios afectados y "en estos momentos no hay ninguno con este problema", mientras que la Delegación Provincial de Agricultura ha actuado en casi un centenar de caminos rurales.

Hasta la fecha son 47 los municipios que han solicitado ayudas de emergencia al Gobierno central por los graves daños sufridos, como pueden ser Motril, Valderrubio —donde el temporal se cobró la vida de una mujer— o el anejo de Belerda.

Estos datos los dio a conocer hoy el diputado de Obras Públicas y Servicios, José Entrena, durante el transcurso de un pleno extraordinario celebrado para analizar las consecuencias del temporal y las medidas que deben adoptarse, aunque la sesión finalizó sin ninguna propuesta concreta en este sentido.

Demanda de ayudas a junta y gobierno

Sí se aprobó por unanimidad de los grupos solicitar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central ayudas para los municipios afectados, así como instar a los ayuntamientos a elaborar un plan de actuación en situaciones de emergencias en caso de que aún no lo tengan.

Ambas iniciativas fueron presentadas por el grupo 'popular', que también quiso arrancar al equipo de gobierno (PSOE e IU) el compromiso de asumir el 15 por ciento del coste total de las reparaciones que se realicen en el conjunto de la provincia, de modo que su intervención se sume a la prevista por la Junta y el Gobierno central.

Este punto fue rechazado porque, según expuso el vicepresidente segundo de la Diputación, Julio Bernardo, "no podemos asumir el 15 por ciento de una cifra que no conocemos", si bien garantizó que la Diputación "estará ahí para tapar los huecos" que dejen las ayudas de la Junta y el Gobierno.

No obstante, el pleno acabó marcado por las discrepancias entre los grupos, ya que una vez aprobadas las citadas propuestas el presidente de la Diputación de Granada, Antonio Martínez Caler, instó al PP a facilitarle los 167 expedientes de daños que anunció en su día en rueda de prensa el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez.

Aunque Caler quiso agradecer públicamente al PP la labor desarrollada en este campo, opinó que si no cede los expedientes a la institución provincial es porque "quiere hacer ruido y aportar un problema a cada solución". Los 'populares' no quisieron apoyar esta iniciativa y abandonaron el pleno en señal de protesta.

Los socialistas granadinos también acordaron hoy la convocatoria para celebrar el próximo 6 de marzo su Congreso Extraordinario Provincial, donde se elegirá a los 63 delegados que asistirán al Congreso Regional los próximos 12 y 13 de marzo.

Del mismo modo, y según manifestó en un comunicado el secretario general del PSOE de Granada, Francisco Álvarez de la Chica, en la reunión de la Ejecutiva Provincial se valoró "muy positivamente" el trabajo realizado por la dirección del PSOE de Andalucía con Manuel Chaves al frente, "que nos ha permitido una intensa modernización de nuestra tierra y sentar sólidas bases de calidad de vida y de creación de riqueza para la ciudadanía", opinó.

Al mismo tiempo, la ejecutiva provincial de Granada ha valorado la "responsabilidad y compromiso" del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, al hacerse cargo del Gobierno andaluz en un momento de "especial complicación" por la crisis financiera y*su repercusión sobre todos los sectores económicos de Andalucía, que han provocado una fuerte pérdida de empleo.

Además, el PSOE de Granada quiere destacar la "clara identificación de la organización provincial con Griñán y con la estrategia planteada de realizar un Congreso Regional para reforzar la estructura de dirección en su entorno" y respalda su decisión, por lo que se pedirá a toda la estructura territorial de la provincia que den su "respaldo inequívoco" a su gesto.

Respecto al congreso provincial del PSOE, los más de 8.000 militantes de las distintas agrupaciones socialistas de la provincia realizarán sus asambleas, entre el 15 y el 21 de febrero, para elegir a los 434 delegados que participaran el 6 de febrero en el citado Congreso Provincial, al que también acudirán diez delegados por parte de Juventudes Socialistas y 15 en representación de las distintas organizaciones sectoriales.

Finalmente, en este Congreso Extraordinario se elegirán a los 63 delegados de la provincia que acudirán al Congreso Regional del PSOE-A.

Según informó la universidad granadina a Europa Press, el Premio 'Letterario Nazionale Ceppo Pistoia', que alcanzaba en esta ocasión su 54 edición, está dotado con 10.000 euros y se concede al alto valor literario de la poesía de Carvajal.

El escritor y poeta granadino, nacido en Albolote, que competía en este certamen con distintos autores de otros países, ha sido invitado a participar en unas jornadas que, sobre su obra, serán organizadas en su honor, del 18 al 21 de marzo en la región italiana de Toscana.

Antonio Carvajal Milena, profesor de la Universidad de Granada en el departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, recibirá el galardón literario en las citadas jornadas, homenaje al poeta granadino. Durante estos cuatro días, especialistas y literatos tratarán acerca de la obra poética del escritor y profesor de la UGR.

El 'Premio Letterario Nazionale Ceppo Pistoia' ha sido otorgado por el director artístico del galardón, Paolo Fabrizio Lacuzzi, el profesor Francesco Stella y la profesora Martha Canfield.

Antonio Carvajal es profesor titular de Métrica y director de la cátedra Federico García Lorca de la UGR. Además, señaló que éste cuenta con una "gran facilidad para la versificación" y está considerado como "uno de los poetas mayores de la actual poesía española y excelente representante de la Generación del 68".

Asimismo, apuntó que "nunca elude el cultivo de estrofas exquisitas y complejas, manteniendo un fecundo diálogo entre la tradición y la modernidad". Por otro lado, subrayó que desde "su juventud ha venido escribiendo y publicando una amplia obra poética", que consta ya de una veintena de títulos, iniciada con 'Tigres en el jardín', publicada en 1968.

Además, también destacó 'Serenata y navaja', 'Siesta en el mirador', 'Después que me miraste', 'Testimonio de invierno' y culminada hasta el momento con 'Alma región luciente' y finalmente 'Una perdida estrella'. Ha obtenido distinciones importantes, resaltando principalmente el Premio Nacional de la Crítica en 1990.

Según informaron a Europa Press fuentes municipales, los magistrados, que revisaron el fallo el pasado 29 de enero tras el recurso presentado por el primer edil, han acordado revocar la resolución judicial "con todos los pronunciamientos favorables".

Fue el pasado 29 de junio cuando se dio a conocer la decisión del juez de Motril, que entendió que Benavides atacó a la libertad de expresión e información de la empresa al "ordenar" o "consentir" los cambios de cerradura y el corte de fluido eléctrico de sus instalaciones.

En la sentencia se señalaba además que el alcalde estaba "al corriente de todo" y que con su modo de actuar vulneró los derechos fundamentales de la mercantil 'Medios Informativos Costa Tropical S.L.' "impidiéndole el normal desarrollo de producción y emisión de programas".

(((

Habrá ampliación)))

El Ministerio Público ha retirado además su acusación contra la mujer del procesado y el matrimonio comprador, que se enfrentaban en un primer momento a nueve meses de cárcel y el pago de una multa de 4.320 euros por un delito contra la ordenación del territorio.

Según la modificación propuesta en el relato de hechos de la Fiscalía, Angustias M.A. y los dos ciudadanos ingleses "desconocían por completo" que el lugar en el que se iba a llevar a cabo la construcción tenía la consideración legal mencionada y "por tanto eran completamente ajenos a la ilicitud de la conducta", por lo que no deberán demoler la vivienda.

La fiscal considera que el arquitecto, Justo M.V., sí fue autor de un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística, por los que tendrá que pagar la multa y someterse a inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico con servicio a la administración durante un periodo de siete años.

El inculpado ha visto significativamente rebajada su pena, ya que inicialmente estaba acusado de dos delitos contra la ordenación del territorio y de otro de falsedad documental, por lo que además de cárcel también tendría que plantar cara al abono de una multa de 6.480 euros e inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por de nueve años.

El acuerdo entre la Fiscalía y la defensa ha evitado así la celebración del juicio, que estaba hoy previsto en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, por unos hechos que se remontan a 2003, cuando la mujer de Justo acordó con su marido poner en venta parte de una finca de su propiedad, interesándose en la compra los dos ciudadanos de nacionalidad británica.

Tras llevar a cabo las negociaciones de la venta Justo M.V. hizo un contrato de compraventa, con fecha de 22 de mayo de 2003, en el que la propietaria de la parcela se comprometía a la construcción de una nave agrícola en la misma.

Licencia para construir la nave

Para cumplir con este asunto, según el fiscal, Justo M.V. efectuó "a sabiendas de su falsedad" un informe en el que hacía constar que la finca podía segregarse en parcelas no inferiores a 5.000 metros cuadrados y en base a este documento le fue concedido por parte del Ayuntamiento de Carataunas la licencia necesaria para construir la citada nave, tal y como se haría luego.

Posteriormente, el 15 de octubre de 2003, las partes formalizaron ante notario la escritura de segregación y la venta de la parcela a los dos ciudadanos británicos, que ya en la notaría transmitieron a Justo M.V. su intención de construir una vivienda en la nave agrícola, manifestándoles el arquitecto municipal que "transcurridos cuatro años el Ayuntamiento no podía hacer nada".

De hecho, los compradores de la parcela transformaron la nave en una vivienda unifamiliar de 80 metros cuadrados con zona de recreo, caseta de aperos y una piscina con una superficie de 6 por 3 metros cuadrados, obras que no se pueden legalizar por encontrarse a una distancia inferior a dos kilómetros del núcleo de población.

El fiscal considera que el arquitecto municipal concedió las licencias necesarias a los compradores a "sabiendas" de que estaban edificando una vivienda y no una nave agrícola y de que ya habían recibido informes negativos anteriores por parte de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan a la medianoche del pasado 28 de octubre de 2008, cuando el procesado se encontraba tomando cervezas con J.V.F. en el local, situado en la Carretera de Huéscar. En un momento dado se inició una discusión entre ambos en el curso de la cual J.V.F empujó al procesado, quien, cogiendo un botellín y romperlo sobre la barra, se abalanzó sobre él y le cortó el cuello.

Seguidamente los dos cayeron al suelo, donde E.G.J., con el botellín en la mano, siguió causando cortes a su víctima mientras forcejeaban, hasta que fueron separados por terceras personas. El agredido sufrió heridas inciso-contusas en la región cervical, cuero cabelludo, en el abdomen y espalda, lesiones que precisaron tratamiento médico quirúrgico y que se causaron en "regiones vitales", por lo que "fueron potencialmente aptas para causar la muerte".

El Ministerio Público imputa al inculpado un posible delito de homicidio en grado de tentativa por el que solicita, además de la pena de prisión, la prohibición de comunicación y aproximación a la víctima por un periodo de nueve años. Asimismo, E.G.J., que se encuentra en prisión provisional desde entonces, se enfrenta al pago de una indemnización de 8.000 euros al perjudicado.