Pese a ser uno de los países donde más ha crecido la desigualdad durante la crisis, España tiene un gasto social per cápita considerablemente menor que el promedio de la Unión Europea: en 2014, gastábamos un 40% menos por habitante que el promedio de la eurozona y un 30% menos que el promedio de toda la Unión Europea. España tiene una tasa de menores de 16 años en riesgo de pobreza o exclusión social ocho puntos más alta que la media de la eurozona, nuestro gasto social en protección de la familia y la infancia era de 297 euros per cápita, mientras que el promedio de la eurozona es de 678 euros, más del doble. Según la Encuesta de Población Activa, en España tenemos unas 643.000 familias donde ningún miembro percibe ningún tipo de ingreso.

El sector público español (universidades y Gobierno) gastó en I+D un 0,57% del PIB en Investigación y Desarrollo, mientras que el promedio de la Unión Europea es del 0,71% y del 0,75% si hablamos de la eurozona. España gastó en 2015 aproximadamente lo mismo que gastó en 2005 en esta rúbrica.

Si miramos hacia el exterior, España tiene asumido desde hace décadas el compromiso de destinar el 0,7% de su producto interior bruto a ayuda oficial al desarrollo. En 2016 destinó un 0,33%, menos de la mitad, aunque nunca ha estado demasiado cerca –el récord se estableció en 2009, con un 0,46% del PIB–. En 2015, destinó solamente un 0,13%.

Miremos otras partidas menos amables: en 2014, el gasto por habitante en justicia se situaba a la cola de la Unión Europea, en el puesto 22 de 27. En defensa, nuestro compromiso con la OTAN sitúa el gasto militar alrededor del 2% del PIB. En la actualidad, España gasta un 0,9%, menos de la mitad.

Son solo algunos ejemplos: España tiene un gasto público cuatro puntos por debajo del promedio de la Unión Europea (42,9% del PIB frente a 46,6%). Pero nuestro problema no reside ahí, sino en los ingresos: nuestros ingresos públicos se sitúan en el 37,9% del PIB, siete puntos menos que el promedio de la Unión Europea (44,9%) y ocho puntos menos que la eurozona (46,2%). Nuestros ingresos públicos están, hoy, en niveles de hace más de una década.

Y en este contexto de servicios infradotados, compromisos sin cumplir, un gasto social disminuido y necesidades sociales acuciantes sin cubrir, se está barajando la posibilidad de realizar una nueva rebaja de impuestos, la tercera en cuatro años. De impuestos directos, se entiende, mientras que el IVA sigue suponiendo una carga mal repartida en la sociedad. De acuerdo con un informe de la fundación Fedea, los impuestos indirectos detraen hasta un 18% de las rentas del quintil más pobre de la población, mientras que solo detraen un 8,78% de la renta del 10% más rico de la población.

Y para más inri, este debate sobre una bajada de impuestos se produce en un país que sigue sometido al Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea.

Los impuestos son el precio de la civilización: sin ingresos públicos, el Estado no puede financiar las políticas públicas necesarias para que el país funcione correctamente. Ninguna sociedad civilizada se sostiene sin cierto nivel de impuestos, y ningún estado social lo hace con impuestos menguados. O los ciudadanos comprendemos esto y lo asumimos como un compromiso cívico, o las bases de nuestro estado social serán siempre endebles, para ventaja de unos –los que pagarán menos impuestos– y desventaja de los demás. Las propuestas de bajadas de impuestos en este contexto de la España de 2017 deberían ser castigadas por la opinión pública, no jaleadas o celebradas. Las donaciones y suscripciones varias a ONG y similares están muy bien, pero no nos engañemos más: la verdadera medida de nuestra solidaridad como sociedad es nuestro compromiso con un sistema fiscal eficaz, progresivo y justo.