La organización agraria COAG en Andalucía ha considerado que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) "no tendrá ninguna legitimidad" sin techos de ayudas por explotación, después de que los Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), en sus conclusiones de la reunión del Consejo de 17 de marzo, se opusieron a los límites de ayudas a las mega-explotaciones de la UE, rechazando así la propuesta realizada por la Comisión Europea.

En una nota, el secretario de Organización de COAG-A, Eduardo López, ha señalado que va a ser "difícil" justificar ante los contribuyentes que "más de tres cuartas partes de los pagos sigan yendo a menos de un cuarto de las explotaciones" y más teniendo en cuenta, según ha explicado, que desde la reforma de 1992, el Tribunal de Cuentas Europeo ha denunciado "repetidamente" la falta de eficacia de los apoyos, a la vez que los pagos a una pequeña minoría de las explotaciones. En el caso de Andalucía, el 1,5 por ciento de las explotaciones recibe un 30 por ciento de las ayudas", ha explicado.

COAG-A respalda expresamente la idea de circunscribir el apoyo a los agricultores en activo, así como la posibilidad de establecer limitaciones a los pagos en función del empleo que mantenga cada explotación.

"Creemos que el sistema de pagos directos debería pivotar sobre la actividad agraria que ejercen los agricultores profesionales y legitimarse básicamente en el empleo que generan las explotaciones", ha subrayado.

Asimismo, esta organización respalda un nivel mínimo de pagos directos a los pequeños agricultores en activo y pide que el nivel de pagos acoplados voluntarios sea lo "más flexible y amplio posible", ya que es "una de las escasas herramientas que se mantienen para apoyar a sectores en dificultades".

COAG, junto con la Coordinadora Europea Vía Campesina, hace un llamamiento a los 27 para que tomen más en cuenta las realidades del mundo agrícola y revisen su posición, y al Parlamento Europeo para que no siga el "peligroso" camino tomado por el Consejo y vote a favor de un límite significativo a los pagos directos, requisito previo para un uso "justo y legítimo" de los fondos públicos.