La falta de comunicación, el aburrimiento, una infidelidad... Las causas de una separación conyugal pueden ser muy distintas. Las consecuencias son, sin embargo, casi siempre las mismas: la disolución del núcleo familiar y, al menos para una de las partes, la pérdida de la vivienda, algo que afecta a casi dos millones de personas en nuestro país.

Separación de bienes

El matrimonio en régimen de separación de bienes es el que contempla la manera menos traumática de disolver los lazos económicos entre los cónyuges. Sin embargo, la mayoría de matrimonios se constituyen como sociedad de gananciales.

En estos casos, la solución pasa por la cesación de la propiedad compartida, bien por la compra de alguno de los dos a la otra parte o bien por la venta a un tercero.

El asunto se complica cuando hay hijos. En este caso, el juez dicta que son ellos los que disfrutarán la vivienda familiar. Ellos y quien consiga su custodia, incluso si el domicilio familiar no es de su propiedad. Tendrá que pagar, eso sí, los gastos derivados del uso de la casa.

Es entonces cuando, en cuestión de días, se le puede denegar el acceso a la vivienda a uno de los cónyuges, que no se verá liberado, sin embargo, de los pagos. «Hemos visto casos de gente que dormía en el coche durante meses», afirma Juan Luis Rubio Azcue, presidente nacional de la Asociación de Padres de Familia Separados, un colectivo que está creando una red de pensiones y albergues para paliar la necesidad de vivienda a corto plazo.

Aunque han tardado años, las administraciones públicas también empiezan a despertar a esta realidad. La Comunidad de Madrid ha sido la primera en incluir a este colectivo entre los preferentes para obtener viviendas. Y parece que no va a ser la única: Aragón y Cataluña ya preparan iniciativas similares.

En primera persona

Diego Garrido. Comercial, 38 años.

«Comprar otra vez sería un milagro»

«Casi no hablábamos y cuando lo hacíamos era sólo para discutir», relata Diego, que se separó de su mujer hace ya casi dos años. «Lo que yo no sabía es que después de los abogados me iba a encontrar con casi cuarenta años en la calle», asegura. Este ecuatoriano afincado en Madrid no tenía más que a la familia que acababa de perder por orden judicial y tuvo que recurrir a la ayuda de sus conocidos. «Desde que me separé, comparto casa con otros ecuatorianos, porque no puedo ahorrar mucho dinero», reconoce Diego, que, además de la pensión de su hija, tiene que seguir pagando las letras de la hipoteca. «¿Comprar otra vez?, sería un milagro», afirma resignado.