La Región de Murcia ha sido la primera comunidad autónoma en solicitar su participación en la Comisión Bilateral de Cooperación con la Administración central para, así, "evitar la pérdida de puestos de trabajo y de servicios a las pymes" y poner solución dialogada "a la incertidumbre que genera la nueva normativa estatal que regula la actividad de las Cámaras de Comercio".

Así lo ha anunciado este viernes el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, momentos antes de asistir a la reunión con las tres Cámaras Oficiales de Comercio de la Región (Murcia, Cartagena y Lorca), donde ha propuesto un pacto para acabar con la "incertidumbre" que genera la Ley de Cámaras del Gobierno de Zapatero.

En este sentido, Valcárcel ha explicado que el ofrecimiento que se ha hecho a las cámaras es "que puedan participar en dicha comisión, puesto que son ellas las afectadas de forma directa, siendo indispensable en tiempos de crisis".

De forma que Murcia es la primera comunidad que solicita la creación de esta Comisión con el fin de analizar las consecuencias que, sobre el ejercicio de las funciones público-administrativas de los entes camerales, suponen las modificaciones legislativas realizadas.

En opinión de Valcárcel, esta nueva regulación "podría generar la pérdida de puestos de trabajo, así como que las pequeñas y las medianas empresas se viesen privadas de los servicios que prestan como apoyo a la internacionalización, asesoramiento y formación empresarial".

De ahí que ha considerado que el Gobierno regional "pide lo que realmente tenía que haberse realizado desde el Gobierno de España antes de modificar la norma de forma unilateral; es decir, una Comisión para negociar, analizar, pactar y buscar las mejores opciones para el conjunto de la sociedad".

Posibilidad que se contempla en la ley

La solicitud de esta Comisión es una posibilidad que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para buscar soluciones a modificaciones que pueden ser consideradas inconstitucionales.

De hecho, desde el Gobierno regional se plantea la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 13/2010 si el Gobierno de España no acepta la creación de esta Comisión.

Esta norma "modifica el normal desarrollo de las funciones público-administrativas que hasta ahora han venido desarrollando las Cámaras de Comercio, puesto que se mantiene su naturaleza jurídica como Corporaciones de Derecho Público, así como sus fines y funciones, sin que se garantice una financiación pública suficiente por parte del Gobierno central para el ejercicio efectivo de las mismas", ha indicado Valcárcel.

Por ello, no ha dudado en afirmar que el Gobierno de Zapatero "vuelve a aplicar la política del 'yo invito y tú pagas' con algo tan serio como son estas instituciones de derecho público", tras lo que ha apuntado que "se puede llegar a soluciones que las propias Cámaras de comercio han planteado, que favorezcan a las pymes y demuestren la confianza, seriedad y el rigor que necesitan".

Para concluir, ha reprobado que de nuevo, el Gobierno central, "en un ejercicio de irresponsabilidad y de huída hacia no se sabe dónde y sin estudiar ni analizar las consecuencias sobre el empleo y las pymes, la internacionalización o los derechos adquiridos, vuelve a crear nuevas normas".