La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un total de cuatro años de prisión al ex alcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo (Córdoba) Miguel Martínez Múrez (PA) por los delitos de malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez considera probado que el día 26 de septiembre de 2006, Martínez Múrez, entonces alcalde de Encinarejo por el PA, recibió en su despacho a representantes de una entidad mercantil que le presentaron un proyecto de construcción de dos viviendas en esta localidad.

Una vez que recibió la documentación con la solicitud, hizo el cálculo de la tasa por la licencia de construcción, fijándola en 4.413 euros. Igualmente, les indicó que le trajeran el dinero en metálico. Pocos días después, uno de los representantes fue de nuevo a el Ayuntamiento y lo atendió Martínez Múrez, a quien le entregó el importe de la tasa, dándole el oportuno recibo que fechó el 28 de septiembre de 2006.

La sentencia recoge que el procesado "recibió el dinero, lo hizo propio, confeccionó y firmó el acuerdo de concesión de licencia, entendiéndolo así el solicitante". Añade la resolución judicial que "la documentación la retuvo en su poder ocultándola, sin dejar constancia alguna en los registros y archivos de la ELA de Encinarejo".

Posteriormente, el 5 de noviembre de 2007, ya con nueva Corporación y nuevo alcalde, se advirtió el derribo y construcción que estaba llevando a cabo la entidad mercantil, cuyo representante exhibió la documentación en su poder justificativa del pago de licencias de obras.

Iniciadas las pesquisas para buscar el expediente que le sirviera de soporte, no se encontró nada más que un archivo informático de licencia de obra nueva. Advertido de ello Martínez Múrez, entonces concejal de esa entidad, realizó un ingreso por importe de 4.414 euros en cuenta titularidad de la misma señalando como referencia el pago de licencia de esa construcción, y con igual fecha y a través de una empresa de mensajería, remitió la documentación que mantuvo en su poder, indicando a la referida constructora como remitente, y que incluía toda la que recibió del denunciante para obtener licencia.

Por estos hechos, el ex alcalde ha sido condenado a tres años de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de seis años por un delito de malversación de caudales públicos y un año de prisión y multa de siete meses con una cuota de seis euros e inhabilitación especial para el empleo o cargo público durante un año por un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

Además, ha sido condenado a 12 meses de multa con una cuota diaria de seis euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años por un delito de prevaricación urbanística. Por tales hechos, el fiscal pedía un total de seis años de cárcel, por lo que finalmente se han rebajado a cuatro. El juez hace constar que contra dicha sentencia cabe recurso de casación.