En Miraflores de la Sierra (6.000 habitantes) trabajan 13 policías municipales, 12 agentes y un cabo jefe. Al menos así consta en los registros oficiales firmados por Ricardo Cabezas, el máximo responsable del Cuerpo armado de la localidad. Sin embargo, no todos han superado la oposición y las pruebas físicas necesarias para ostentar una placa. Tres de ellos ni siquiera se presentaron a los exámenes. De hecho, no son ni funcionarios; fueron contratados como personal laboral por el Consistorio, al igual que jardineros y barrenderos.

Estos tres agentes realizan desde hace 18 años las funciones propias de un policía: ponen multas, firman denuncias, incluso confeccionan atestados, careciendo de la formación obligatoria para ello. Tienen uniformes, números de identificación policial, coches patrulla… lo único de lo que no disponen son armas de fuego.

"Es una grave irregularidad que debería ser denunciada de inmediato", aseguran desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP). "En este caso, se debería ir contra los cargos políticos y policiales que consienten esta situación", remarcan. Una infracción regulada en el artículo 402 del Código Penal, donde se recoge la usurpación de funciones públicas, castigada con una pena de prisión de uno a tres años.

La solución provisional ha sido redactar una convocatoria para crear tres nuevas plazas oficiales de policía. El principal requisito es "ser miembro del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de convocante [Miraflores de la Sierra], como auxiliar de Policía". Condición que cumplen únicamente las tres personas contratadas como personal laboral del Consistorio que ejercen como agentes de la ley.

"Estos tres empleados son efectivamente auxiliares de Policía, una figura que existía antes y, desde 1993, también en este Ayuntamiento", confirma Pablo Altozano (PP), alcalde del municipio. "Sin embargo, estamos realizando los trámites necesarios para resolver esta situación lo antes posible para que nadie salga perjudicado”, continúa.

Un caso similar salió a la luz el pasado mes de enero en la ciudad andaluza de Guillena. La Fiscalía de Sevilla pidió dos años de cárcel para Justo Padilla (PSOE), exalcalde de la localidad, por consentir durante tres años que un empleado municipal ejerciese como policía local "sin tener nombramiento y cualificación para ello". Además, tanto el funcionario como dos jefes del Cuerpo armado también fueron denunciados ya que los hechos "eran conocidos y se desarrollaban con su consentimiento".