La sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, celebrará el lunes de la próxima semana una reunión de su junta general de accionistas en un momento en el que su comisión ejecutiva ha facultado al director general, Juan Carlos Recio, para promover "las medidas oportunas para evitar una situación de insolvencia". Esta reunión de la junta general de accionistas, igualmente, se celebra en un momento en el que la compañía ajusta las cuentas del mercado central de abastos correspondientes al ejercicio 2010, toda vez que el año 2009 concluyó con pérdidas por valor de 4.123.666 euros y sobre la empresa pesa un pasivo de 9.046.976,95 euros por la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007.

Fuentes municipales han informado a Europa Press de que la nueva junta general de accionistas del mercado central de abastos ha sido señalada para el próximo lunes a una hora aún por determinar. A tal efecto, cabe recordar que ya mediado 2010, los órganos de gobierno de la compañía habían acordado la materialización de una operación 'acordeón' mediante la que los aproximadamente 9,2 millones de euros que figuraban como capital social de la empresa fueron reducidos a cero, para luego ser ampliado este concepto a 1.285.000 euros mediante aportaciones dinerarias y materiales por parte de los accionistas mayoritarios de la sociedad; el Consistorio hispalense y la sociedad estatal Mercasa.

Dificultades financieras

El destino de esta maniobra no fue otro que impedir que la sociedad mixta incurriese en una posible causa de disolución, dado que los anteriores gestores de la compañía, Fernando Mellet y Daniel Ponce, habrían falseado las cuentas mediante unas prácticas que investiga actualmente el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla. De hecho, la auditoría elaborada por la consultora 'Deloitte' sobre las cuentas generales de la sociedad mixta Mercasevilla reveló que el ejercicio 2008, cuando la directiva liderada por Fernando Mellet repartía dividendos por valor 258.000 euros, se saldó en realidad con pérdidas que superaron los 1,5 millones de euros.

El ejercicio 2009, además, se saldó para el mercado central de abastos de Sevilla con pérdidas por valor de 4.123.666 euros, una cuantía a la que se suma un pasivo de 9.046.976,95 euros a cuenta de la incertidumbre que pesa sobre la financiación del expediente de regulación de empleo promovido en 2007 y al que se adhirieron 40 empleados actualmente prejubilados, dado que la Consejería de Empleo niega cualquier compromiso en cuanto al pago de estas prestaciones. Recientemente, fuentes de Mercasevilla señalaban a Europa Press que las cuentas del ejercicio 2010 podrían ver la luz a lo largo del mes de febrero.

El ere de 2007

Entre finales de 2007 y comienzos de 2008, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, firmó varios documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007. No obstante, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

Dado el caso, el pago de las 40 prejubilaciones acordadas en este procedimiento ha quedado en el aire al negar la Consejería de Empleo cualquier compromiso de financiación, toda vez que este expediente de regulación de empleo figura en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dirigido por la magistrada Mercedes Alaya, sobre la gestión de Mellet y Ponce al frente de Mercasevilla y acerca de la política autonómica de subvenciones a procesos de reestructuración de empresas en crisis.

El director general de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, tiene de cualquier forma la encomienda de devolver la "viabilidad" al mercado central de abastos y, según el comité de empresa, sopesaría la posibilidad de externalizar total o parcialmente algunos servicios actualmente en manos de la plantilla, motivo por el cual los trabajadores están protagonizando un calendario de movilizaciones.