La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha impulsado en los tres últimos años, dentro del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, un total de 46.769 actuaciones de VPO de nueva construcción y 128.063 intervenciones de rehabilitación, y ha concedido ayudas al alquiler que han beneficiado a 24.410 familias y subvenciones a la urbanización de suelo para 11.532 inmuebles protegidos, según ha indicado la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz.

En su comparecencia en comisión, la consejera ha ofrecido los últimos datos de los registros municipales de demandantes, donde de los 771 municipios, el 94 por ciento (723) ya está en proceso de elaboración y donde el 26 por ciento de esos municipios "que suponen el 70 por ciento de la población andaluza", ya tienen esos registro operativos.

La consejera, que ha recordado que se trata de "registros vivos", ha precisado que ya hay más de 70.000 demandas registradas en los mismos y tras apuntar que existe el derecho a inscribirse en tres registros, ha apuntado que "sólo un 10 por ciento de demandantes se repite". Asimismo, ha apuntado que "más del 71,1 por ciento cuenta con menos de 1,1 veces el Iprem, con menos recursos, y más del 46 por ciento desea buscar viviendas en régimen de alquiler con opción a compra, con lo que existe un cambio cultural".

Josefina Cruz Villalón, ha explicado en comisión parlamentaria que la comunidad cuenta con "una larga trayectoria de apoyo a los sectores más necesitados de la población con el fin de que puedan acceder a un inmueble digno y asequible, principio que inspira la Ley del Derecho a la Vivienda".

Durante su intervención, ha incidido en que en los 27 años de política de vivienda en la comunidad se ha realizado más de medio millón de actuaciones de VPO de nueva planta, en concreto 512.789 viviendas, de las que el 87 por ciento son en régimen de propiedad y el 14 por ciento en régimen de alquiler.

De ellas 46.769 se han construido en el último trienio, con una tendencia hacia el régimen de propiedad, con 76,8 por ciento; frente al alquiler, con un 23,2 por ciento, de forma que "se ha corregido tendencia inicial y se va más hacia el alquiler que en los primeros planes".

De igual modo, ha subrayado que desde 2005 se han beneficiado 24.410 familias, con una media anual de 6.345 familias a lo largo de los tres últimos años, cifra que casi duplica las actuaciones impulsadas en materia de vivienda protegida de nueva construcción en alquiler (3.615 de media anual y 10.000 en los tres años del último plan).

En su discurso, la consejera Cruz Villalón ha matizado que el Plan Concertado prevé programas específicos, como las figuras de la vivienda de promoción pública para la integración social y los alojamientos, destinados a aquellas familias que se encuentran en especiales dificultades, bien por sus bajos ingresos o bien por sufrir riesgo de exclusión social.

En materia de rehabilitación, la Junta de Andalucía ha desarrollado en los últimos 27 años 573.390 intervenciones de rehabilitación y mejora del parque residencial existente, de ellas 128.063 en el marco del Plan Concertado. En esta materia, Cruz ha señalado que los planes autonómicos de vivienda han incluido un abanico de medidas como la transformación de núcleos de infravivienda, la rehabilitación de barrios y centros históricos o la adecuación de edificios y de viviendas. La consejera ha reconocido que en la renovación y mejora este punto que "queda mucho camino por recorrer".

Por otro lado, Cruz Villalón también se ha referido a la labor de su departamento en el ámbito de la urbanización de suelo con destino a la construcción de inmuebles protegidos. Desde mediados de la década de los 90 se ha promovido el desarrollo de suelo para albergar más de 85.000 VPO. En el Plan Concertado esta línea de trabajo ha posibilitado el impulso de 11.532 VPO.

Parque público de viviendas

La consejera de Obras Públicas y Vivienda también ha explicado la actual configuración del parque residencial de carácter público perteneciente a la Junta de Andalucía. En ese sentido, ha explicado que la Comunidad ha llegado a gestionar más de 210.000 inmuebles, aunque en la actualidad esa cifra se reduce a 78.000, lo que supone una disminución al 37 por ciento en relación con la cifra inicial.

En su discurso, Cruz Villalón ha explicado que esa disminución se ha debido a "las sucesivas campañas promovidas por la Junta para lograr la trasmisión de la titularidad de las viviendas a los inquilinos, a través de diferentes fórmulas", entre ellas convenios formalizados con las corporaciones locales.

La consejera ha precisado que en los últimos diez años 64 millones de euros para el mantenimiento, conservación y reparación del patrimonio residencial de viviendas sociales autonómicas, además ha recordado el decreto recientemente publicado a inicios de 2011 por el que se va a ceder a EPSA de la titularidad del patrimonio inmobiliario de VPO de la Comunidad.

Críticas del pp

Por su parte, la diputada del PP Alicia Martínez, que ha recordado que en la Ley de Derecho a la vivienda "no se habla de vivienda social", ha cifrado en 97.000 el parques de viviendas sociales, y ha lamentado el "abandono absoluto del parque de viviendas", de forma que, a su juicio, "va a la deriva y tras 30 años mirando para otro lado y ahora se pretende regularizar con unas malas formas".

En ese sentido, ha apuntado que tras la cesión a EPSA de la gestión del parque social de viviendas "se corre el riesgo de quedarnos sin parque de viviendas en alquiler" y, en su opinión, "se está privatizando la gestión del parque social de viviendas".

De esta forma, ha asegurado que "se ha externalizado por 10 millones la gestión de ese parque d viviendas a empresas, que ejercen de agentes comerciales de la empresa pública", de manera que Martínez ha lamentado que "la propia EPSA está ejerciendo de 'asustaviejas' hacia personas que no tienen ingresos y obligando a comprar sus viviendas para regularizar la situación, cuando esas familias no quieren comprarlas porque no tienen capacidad, pero sólo interesa vender".

En ese sentido, Martínez ha denunciado "presiones y chantajes a esas personas a las que se obligan a comprar", de forma que "EPSA para hacer caja, quiere vender la vivienda con presiones y chantajes", unas acusaciones rechazadas por la consejera.

Además, ha lamentado que "se están produciendo ventas ilegales, con transmisiones 'in extremis'; la situación se ha desmandado y el parque no se ha mantenido ni se ha conservado". Asimismo, demanda "más dinero a la conservación", ya que "se registran situaciones lamentables, con casos de chabolismo vertical".

"ley nacida muerta"

Por su parte, el diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo considera que la Ley de Derecho a la Vivienda "ha fracasado y es una ley muerta", ya que "la realidad es que los 'asustaviejas', subasteros y buitres carroñeros siguen campando a sus anchas, pues ni el plan vigente ni la ley han dado respuesta, sobre todo con la crisis".

A su juicio, esta Ley ha "fracasado" porque "se siguen apoyando en los mismos conceptos de urbanismo viejo, corrupto e insolidario, apoyado en grandes inmobiliarias y en los bancos".

"Esta ley ha nacido muerta y las expectativas creadas por esta ley no se han llevado a la realidad, y ahora vivimos una situación tremenda, donde no sólo se dejan de hacer vivienda públicas, sino que no se construyen viviendas y la VPO sigue siendo un lujo", se ha lamentado el diputado de IU.

Para Sánchez Gordillo, "esta norma es un ejercicio de buenas intenciones, pero de buenas intenciones está lleno el infierno", tras lo que el diputado de IU aboga por "la autoconstrucción y abaratar el suelo".