El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha exigido este miércoles la "máxima transparencia" a las partes implicadas en los casos de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de empresas andaluzas en los que, según ha informado la Junta, se han detectado 37 nuevos casos de personas que podrían percibir prejubilaciones indebidas, y ha reclamado "absoluto respeto a la independencia judicial", pues se trata de un asunto que ya está siendo objeto de investigación.

Durante su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Gómez ha recordado que el caso está siendo objeto de investigación por el Juzgado central de Instrucción número seis de Sevilla y por la policía judicial, por lo que, con el "procedimiento judicial en marcha, habrá que esperar a que se complete la instrucción y, en su caso, se dilucidarán las responsabilidades correspondientes", ha mantenido.

"Mi respuesta se limita a exigir máxima transparencia para todas partes implicadas en este asunto y absoluto respeto a la independencia judicial porque es lo que nos corresponde a los servidores públicos", ha insistido.

En respuesta a una pregunta del diputado 'popular' Juan Manuel Moreno, el ministro también ha indicado que las partidas para ayudas sociolaborales asociadas a trabajadores afectados por ERE y empresas en crisis, "no son fondos de reptiles" sino que "están en los presupuestos y son públicos" y, por ello, sometidos al escrutinio público.

"el mayor escándalo de la historia"

Por su parte, Moreno ha acusado directamente al actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y al que lo era cuando ocurrieron los hechos, Manuel Chaves, de "permitir y amparar" el uso de fondos públicos para empleo "fuera de la legalidad administrativa".

Para el diputado, el PSOE "se ha empeñado en convertir la Junta en gran factoría de trapicheos, irregularidades y abusos" y es "sorprendentemente paradógico" que mientras que el Gobierno "congela pensiones con el pretexto de ahorrarse 1500 millones de euros, la Junta crea un fondo reptiles de 700 millones de euros para pagar para prejubilaciones irregulares".

A su juicio, este es el "mayor escándalo de la historia Andalucía —y eso que en mi tierra ha habido escándalos, ha ironizado—" ya que pone de manifiesto la "ausencia de controles" y la vulneración de la legalidad.

"Es bochornoso y dramático que mientras el paro arrasa literalmente Andalucía, algunos, al calor de las instituciones, se enriquezcan con pensiones ilegales. No hay peor manera de ofender a los 1,1 millones de parados andaluces que comisionistas e intermediarios cercanos al PSOE se lucren de las penurias y del grave drama que tiene esta crisis social", ha concluido.