El candidato del PSOE a la Alcaldía de Valladolid, Óscar Puente, ha considerado este viernes que el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, debería presentar la dimisión por haber dado el visto bueno en 2008 a la orden de corrección de errores materiales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital vallisoletana que ha sido anulada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

El presidente del Grupo Municipal Socialista ha comparecido en rueda de prensa junto al portavoz, Javier Izquierdo, para valorar la resolución conocida este viernes, que responde a los recursos de reposición y contencioso-administrativo presentados por ellos mismos contra la Orden que publicó la Consejería en septiembre de 2008.

En este sentido, ha considerado que la "responsabilidad" de Antonio Silván en el visto bueno al trámite debería conllevar su dimisión pues, tras una primera modificación en la que el Ayuntamiento "se la coló", ahora "ha querido que se la colaran". Cabe recordar que las modificaciones irregulares en el PGOU se produjeron entre la aprobación del documento en Pleno municipal y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

El texto anula dicha orden, en la que se corregían los errores materiales en nueve artículos y dos planos del PGOU, después de que, a principios de ese año el Grupo Municipal Socialista denunciara ante los tribunales las modificaciones irregulares en un total de 72 artículos del documento urbanístico.

En este sentido, ha recalcado que los fundamentos de derecho de la sentencia señalan que se debería realizar una revisión de oficio del Plan General y que la misma no se debe limitar a las discrepancias constatadas por el Ayuntamiento en esos nueve artículos y dos planos, sino en todas las diferencias que existan entre la aprobación y la publicación oficial.

Alteraciones "conscientes"

Esta situación conlleva, a juicio de los representantes socialistas, que las alteraciones fueron "conscientes", tal y como defendieron desde un primer momento, y que ahora son susceptibles de ser consideradas como delito. Por ello, ha formulado una pregunta al alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, para que explique "por qué tramitó la corrección de errores".

De hecho, ha apostillado que las explicaciones deben producirse "ya sea ante el Pleno o en los tribunales" y que en el caso de que finalmente el Grupo Socialista estuviera personado en la causa que se mantiene en lo Penal —ha dado por cerrada la vía Contencioso-Administrativa a la espera de un posible recurso del Equipo de Gobierno— citaría "inmediatamente" a declarar al primer edil.

Sin embargo, ha recordado que pese a varios recursos, el Juzgado de Instrucción que lleva el caso mantiene la reclamación de 20.000 euros al PSOE para permitir su personación como acusación popular. "Es vergonzoso que el PP esté personado en el caso Gürtel tras pagar 1.500 euros y a nosotros se nos pida una barbaridad cuando vamos a ejercer una verdadera acusación y no ser un obstáculo a la investigación", ha reprochado.

En la vía penal, que sigue abierta, por el momento el único imputado es el ex concejal de Urbanismo de Valladolid José Antonio García de Coca, pero ahora, según los ediles socialistas, se tiene que proceder a una investigación más exhaustiva de las responsabilidades. No obstante, ha advertido de que la persona que está detrás de la "trama" planteaba las modificaciones que tenía que hacer la empresa que elaboró los planos del PGOU, lo que debería estar registrado. ¿

Quien es la 'EQUIS'?

Por otra parte, se ha planteado "quién ha urdido esta trama" y por qué "si quienes promovieron las alteraciones son ajenos al alcalde" autorizó la tramitación como errores. Finalmente, ha recalcado que quiere saber "quién es la equis" en la manipulación. Estos son algunos de los motivos por los cuales el Grupo solicitará un nuevo Pleno Extraordinario para analizar la cuestión de las modificaciones del PGOU.

Por su parte, Javier Izquierdo ha añadido que, además de los beneficios que obtuvieron determinados particulares como consecuencia de los nueve artículos y dos planos considerados erróneos, en los otros 60 artículos que presentan cambios se incluyen proyectos favorecidos como los apartamentos tutelados del Pinar de Antequera o un proyecto de urbanización más allá del Aeropuerto de Villanubla beneficiado por la autorización para edificar viviendas unifamiliares en suelo rústico.

Asimismo, ha revelado que la empresa Vallenava, actual propietaria del suelo de la parcela ubicada junto a la carretera de Madrid de cuyo plano se omitió la referencia "parcela mínima 2.000 metros cuadrados", ha presentado una demanda por la vía penal por la que reclama la plusvalía de 8 millones de euros que ese hecho aportó a la compañía que le transmitió el suelo.

Esta referencia se incluyó de nuevo con la corrección de errores en septiembre de 2008, por lo que en lugar de las 124 viviendas que pretendía edificar la constructora con base al PGOU publicado en el BOP, sólo se podían construir sólo nueve, tal y como se recogía en el texto aprobado en sede municipal. La parcela se encuentra actualmente sin edificar.

Asimismo, Izquierdo se ha referido a otro caso como el de la parcela de la calle José María Lacort en la que Cáritas ya ha construido un aparcamiento subterráneo, que ni siquiera se incluyó entre los errores puntuales del PGOU, que según el documento original no permitía la operación.

"dictadura o república bananera"

Ante todo ello, Izquierdo y Puente han coincidido en aventurar que el Equipo de Gobierno "quitará hierro al asunto", pero como ha recordado el portavoz, en el fondo de estas acciones reside la "usurpación al Pleno municipal" de sus facultades, un hecho que según su opinión sólo se podría producir "en una dictadura o en una república bananera".

Las consecuencias administrativas en el Consistorio, como ha explicado Puente, son principalmente que el PGOU queda "muy dañado". En este sentido ha recordado que el pasado martes el alcalde "daba la razón" al Grupo Socialista en su propuesta de modificar un Plan que "ha quedado desfasado". No obstante, ha subrayado que no se debe "mezclar una cosa con otra" por si acaso el alcalde decide aprovechar esa modificación que incluirá en su programa electoral para subsanar la legalidad.