El presidente del Santander, Emilio Botín, ha asegurado que desconoce la sentencia del Tribunal Supremo que condena al consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, a ocho meses de prisión e inhabilitación para ejercer ningún puesto en el sector financiero, y ha descartado de plano la posibilidad de que ésta suponga un "riesgo reputacional" para la entidad.

Durante la presentación de los resultados anuales, Botín aseveró que "no hay caso de riesgo reputacional ni nada que se le parezca. No hay sentencia ni absolutamente nada", enfatizó. El presidente del Santander hizo estas declaraciones al ser preguntado sobre si la entidad puede admitir la existencia de miembros en su consejo de administración con condena firme.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado Sáenz a ocho meses de prisión, multa e inhabilitación para ejercer cualquier puesto dentro del sector financiero por delitos de acusación falsa y estafa procesal cometidos en 1994 cuando era presidente de Banesto.

El pasado 22 de diciembre cinco magistrados del Supremo resolvieron los recursos de casación presentados por Sáenz y los otros dos condenados contra la sentencia dictada en diciembre de 2009 por la Audiencia Provincial de Barcelona. El resultado de las deliberaciones ya se conoce, sin embargo la sentencia no está aún redactada.

En el fallo, el Supremo endurece la sentencia dictada en diciembre de 2009 por la Audiencia de Barcelona. Esta sentencia concluyó que Sáenz, Rafael Jiménez de Parga —que era letrado externo de Banesto— y Miguel Ángel Calama Texeira —que era director regional de Banesto en Cataluña— interpusieron una denuncia falsa contra directivos del grupo Olabarría por el impago de una deuda al banco de 600 millones de las antiguas pesetas (3,6 millones de euros), hechos que se remontan a hace quince años.