El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha resuelto que sea un tribunal del jurado el que juzgue al presunto asesino de la joven Carmen Romero, a la que, siendo menor, tiroteó en Rute (Córdoba) en septiembre de 2006, quedando ésta parapléjica y falleciendo por ello tres años después.

En un auto, al que ha accedido Europa Press y con fecha del pasado 21 de enero, apenas dos días después de celebrarse la vista del recurso de apelación planteado ante el TSJA por la defensa del acusado, M.G.R., para evitar ser juzgado por un tribunal popular, el alto tribunal andaluz ha desestimado dicho recurso, a la vez que ha confirmado, "en su integridad", los autos de la Audiencia Provincial de Córdoba por los que había acordado seguir el procedimiento por la Ley del Jurado.

Teniendo en cuenta que contra esta resolución del TSJA "no cabe recurso alguno", la Audiencia cordobesa habrá de fijar ahora fecha para celebrar el citado juicio con jurado, teniendo en cuenta que ya se ha aplazado la vista oral en dos ocasiones, la primera a raíz del fallecimiento de la joven a finales de agosto de 2009, por las secuelas de las heridas, por disparos de escopeta, que sufrió en septiembre de 2006 a manos del que hasta poco antes había sido su novio, cuando ella estaba bajo la tutela de la Junta de Andalucía en un centro de protección de menores en Rute. La entonces menor estuvo ingresada varias semanas en la UCI y, a pesar de ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas, quedó parapléjica.

El segundo señalamiento de vista oral, no ya por intento de homicidio o de asesinato sino por homicidio o asesinato, según las diversas calificaciones, lo había fijado la Audiencia cordobesa como juicio con jurado para el pasado 2 de noviembre de 2010, siendo en esta ocasión la causa del segundo aplazamiento el citado recurso de la defensa del acusado, buscando evitar, como finalmente ocurrirá, que fuera un tribunal popular el que juzgue a M.G.R., el cual está en libertad desde septiembre del pasado año, con obligación de presentarse una vez por semana ante la Guardia Civil, al haber cumplido entonces el periodo máximo establecido de prisión preventiva de cuatro años.

Las acusaciones particulares piden 20 años de cárcel para el procesado por un delito de asesinato, al igual que la fiscalía, mientras que para su supuesto cómplice, M.R.C., quien le habría prestado el arma con el que presuntamente disparó a su ex novia, la representación de los padres solicita 15 años de cárcel. Junto a ello, el padre de la menor, según anunció en su día, también procederá contra la Junta de Andalucía, por la supuesta negligencia que habría cometido en la custodia de la chica, cuando ésta era menor y estaba bajo su tutela en el Centro de Protección de Menores en Rute.

Los hechos

Los hechos tuvieron lugar en la noche del 12 de septiembre de 2006, cuando la joven, en compañía de otras chicas, volvía al centro de protección de menores en Rute en el que estaba acogida bajo tutela de la Junta de Andalucía, concluyendo así el paseo al que los menores residentes en dicho centro estaban autorizados tras la cena, entre las 22,45 y las 23,15 horas en periodo vacacional, como era el caso.

En ese momento, su ex novio, con el que la joven había roto y que al parecer había esperado su regreso en la calle, ante el citado centro de protección de menores, supuestamente le disparó tres veces con una escopeta, alcanzando a la menor en dos ocasiones, una en un muslo y otra, la más grave, en el abdomen, a la altura del estómago, con un proyectil que le provocó heridas en un riñón y también un grave daño medular, del que fue posteriormente intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones, con la pretensión de evitar futuras afecciones neurológicas a la menor que, finalmente, quedó parapléjica.

La joven permaneció ingresada cinco semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, mientras que su ex novio ha estado en prisión preventiva desde entonces y hasta septiembre de 2010, ya que, tras efectuar los disparos contra la menor, llamó a la Guardia Civil y se autoinculpó, siendo detenido poco después de hacer dicha llamada telefónica.