La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, ha indicado que entre los "requisitos irrenunciables" que su formación va a plantear en la tramitación como proyecto de Ley de reordenación del sector público andaluz se encuentra que antes de seis meses se presente ante el Parlamento un nuevo plan de reordenación que se negocie con los agentes sociales.

En rueda de prensa, Oña ha explicado que, entre otras de las peticiones de su formación, se encuentran también que cualquier propuesta que se realice vaya acompañada de una memoria-financiera que justifique la reordenación; que sólo puedan fusionarse entidades que respondan a la misma naturaleza y régimen jurídico; o el respeto escrupuloso a los derechos de los empleados públicos.

La portavoz 'popular' también ha querido destacar como propuestas de su formación la reducción efectiva de altos cargos en las empresas públicas; que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en la Constitución, "eliminando la modalidad de privilegio de acceso"; y que antes de finalizar el presente año 2011 se elabore un código de buen gobierno "para terminar con los privilegios, el sectarismo y el enchufismo".

Tras asegurar que su formación siempre está dispuesta a la negociación y que va a presentar enmiendas al texto normativo, ha considerado que sería mejor "comenzar desde cero". "Todos sabemos que el gobierno ha actuado desde el principio con los pies, en lugar de con la cabeza", ha señalado Oña, quien ha destacado que las movilizaciones en la calle cada día son mayores.

La reordenación,

"una tapadera"

Asimismo, ha considerado que la reordenación del sector público que el Gobierno andaluz quiere llevar a cabo no es más que una "tapadera". En su opinión, lo que se intenta es "mantener el cien por cien de todo lo que existe, incluidos todos los altos cargos".

Oña ha criticado que la reducción de costes que la Junta pretende realizar sea del 0,7 por ciento al año, al tiempo que ha destacado que la Cámara de Cuentas ha señalado que hay más de 20.000 trabajadores en el sector público "que no han pasado ninguna prueba de acceso".

Finalmente, ha dicho que las empresas públicas son una "agencia de recolocación" para los socialistas y que el PSOE no ha dialogado la reordenación del sector público con los representantes de los trabajadores, "a los que ha llamado fascistas y batasunos".