El Gobierno anunció el lunes que va a exigir a las cajas de ahorro que aumenten del 6% al 8 % la reserva disponible de capital para cubrir a los activos con riesgo. Y si no cumplen, entonces el Estado intervendrá, inyectando dinero público a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). En la práctica, esta medida supone la nacionalización temporal de las cajas de ahorro (la ministra Elena Salgado especificó que la ayuda se limitaba a cinco años).

En realidad la nueva exigencia iba a ser obligatoria en 2013, según la normativa europea, pero con su adelantamiento, el Gobierno pretende devolver la confianza a los mercados, que siguen mirando con lupa a las cajas de ahorro, asfixiadas por la falta de liquidez y por la resaca de la explosión de la burbuja inmobiliaria.

Al margen de la inyección de capital se produce un cambio fundamental en la estructura organizativa de la entidad. El Estado se sienta en el consejo de administración para tomar decisiones fundamentales. A este respecto el presidente José Luis Zapatero declaró este lunes en una entrevista a Veo 7 que "los representantes del Estado en los consejos de administración de las cajas serán muy profesionales".

Las cajas tienen que presentar dentro de unas semanas sus cuentas de 2010. Entonces el Banco de España tomará nota de qué entidades están en una situación delicada. Si en septiembre no han conseguido encontrar inversores privados que le ayuden a tener el capital de reserva que se les exige, el Estado intervendrá.

Como decíamos en el punto anterior, no hay datos definitivos hasta que se presenten cuentas al Banco de España. Por el momento, con los últimos datos oficiales (septiembre de 2010) sólo superan el 8% de core capital seis cajas: Unicaja, la más solvente, cuyo core capital está en un 13, 4%, muy por encima del mínimo del 8% que se exigirá; seguida de Caja Vital, con el 11,6 %; de La Caixa, con el 8,7%; de Ibercaja, con el 8,5%, y Ontiyent, con el 8,01%. Asimismo, la guipuzcoana Kutxa superaría ampliamente las exigencias, con el 12,5%, aunque sus datos se refieren a junio de 2010.

También conseguirían un aprobado la fusión de la BBK y Cajasur y las alianzas de Banca Cívica, de la CAM y Cajastur, y de Mare Nostrum, según los datos facilitados, que en unos casos se refieren al cierre de 2010 y en otros son anteriores.

Entre las entidades que se enfrentan a más problemas hay cajas y algún banco. No llegan al 8 % ni el banco encabezado por Caja Madrid y Bancaja, pero tampoco las fusiones tradicionales de Unimm, CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia, o la castellanoleonesa de Caja Duero y Caja España. Se da la circunstancia de que en la mayoría de los suspensos, los coeficientes están muy lejos de alcanzar el nivel exigido, lo que les obligaría, por ejemplo, a vender participaciones (como ha hecho recientemente CatalunyaCaixa), según señala el profesor de Finanzas de ESADE Jesús Palau.

En cuanto a los bancos, todos superarían las exigencias del Gobierno, a excepción del Banco Sabadell, que se quedaría a un paso de acuerdo con los datos de septiembre de 2010 (7,84%), mientras que Bankinter sería el principal perjudicado, con un core capital del 6,6% en esa misma fecha.

Según la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, las entidades necesitan 20.000 millones de euros, aunque el propio Zapatero dice que "no le resulta extraña" la cifra de 26.000 euros.

Primero hay que especificar que la ayuda es temporal y se limita a un plazo de cinco años. Segundo, la caja tiene que haber sido incapaz de conseguir dinero por sus propios medios. Tercero, las cajas deberán haberse transformado en bancos y deberán haber acometido una fuerte reestructuración interna, además de presentar un plan de viabilidad que contemple la entrada de inversores privados en sustitución del FROB.

El Banco de España es quien debe decidir qué entidades no cumplen las nuevas exigencias de capital porque no consiguen atraer a inversores privados y necesitan ser rescatadas por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

Según los expertos de las cajas, los clientes no notarán la diferencia, "lo que se prevé es simplemente un traspaso de activos, que es una figura legal, por lo que no sucede nada que haga peligrar el capital".

Hasta la distribución de beneficios en "nada significativo", explican desde las cajas de ahorro, "porque ofrecen el mismo tipo de servicios financieros". Una vez pagados los impuestos se diferencia en la forma en la que distribuyen los beneficios. En los bancos se reparten entre los distintos accionistas, en las cajas el beneficio se dedica a reserva o a obra social.

La gran diferencia viene, sin embargo, motivada por su regulación y administración. Mientras los bancos son sociedades anónimas, las cajas de ahorro tienen un carácter fundacional y se rigen por la ley de sociedades limitadas y en sus consejos de administración se sientan, por tanto, representantes gubernamentales y locales, en una proporción que fija cada gobierno autonómico.

El Gobierno no les obliga a ello, pero sí es un requerimiento necesario para quien reciba dinero público, por lo que en la práctica solo podrán seguir siendo cajas aquellas entidades que no tengan necesidad de público.

De 45 cajas de ahorro que había a principios del año pasado se han pasado, según datos de la CECA, a cinco SIP (entidades fusionadas) y a doce entidades individuales.